La reciente aprobación de una reforma constitucional por parte de la Asamblea Legislativa de El Salvador que modifica elementos sustantivos del sistema político y electoral representan el ejemplo más reciente de una preocupante tendencia hacia el uso del poder legislativo, sin contrapesos efectivos, para introducir cambios estructurales a la Constitución y a otras normas fundamentales que ponen en riesgo los derechos humanos.  

Con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas, voces críticas y organizaciones de la sociedad civil. En este contexto, Amnistía Internacional nombra hoy como personas presas de conciencia a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez y al pastor y líder comunitario José Ángel Pérez, y exigimos su liberación inmediata e incondicional. 

Ante la orden de poner a Mahmoud Khalil en libertad provisional dictada por un juez de un tribunal federal de primera instancia, Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, ha manifestado:

El 1 de junio de 2025, 12 personas zarparon en el Madleen con el objetivo de romper el bloqueo ilegal israelí de la Franja de Gaza ocupada y entregar alimentos y suministros médicos que allí se necesitan desesperadamente.

Desde el inicio de la administración de Donald Trump, Puerto Rico ha registrado un incremento inédito de operativos migratorios, marcados por el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y la mirada indiferente de la gobernadora Jenniffer González Colón. Desde enero de 2025, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha detenido a, por lo menos, 568 personas, la mayoría de ellas de origen dominicano. Independientemente de su estatus migratorio, los derechos humanos de todas las personas en Puerto Rico deben ser respetados y garantizados 

Las autoridades nigerinas deben poner en libertad de inmediato al activista de la sociedad civil y defensor de los derechos humanos Moussa Tchangari y dejar de usar cargos de terrorismo para silenciar a la disidencia; así lo han manifestado hoy Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH) y la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos.

En respuesta a los distintos conflictos sociales que han surgido durante las dos primeras semanas de mayo, el gobierno salvadoreño ha recurrido al uso excesivo de la fuerza, a la militarización indebida, a la criminalización de la protesta y a amenazas de restringir aún más el espacio cívico. Estas acciones han estado dirigidas contra diversas expresiones sociales que han exigido mejoras en las condiciones de vida y mayor responsabilidad por parte del Estado.

“El caos creado por los recientes recortes aleatorios en la financiación estadounidense debe impulsar la reducción rápida del número de personas detenidas de forma arbitraria e indefinida en el nordeste de Siria por su presunta vinculación con el grupo armado Estado Islámico”, ha declarado Amnistía Internacional.

Este 8 de mayo Amnistía Internacional lanzó una acción urgente exigiendo la libertad inmediata e incondicional de los líderes de oposición y presos de conciencia José Daniel Ferrer García y Félix Navarro, y todas las personas injustamente encarceladas solo por ejercer sus derechos humanos en Cuba.

La imposición el 19 de abril de duras penas de entre 13 y 66 años de prisión a 40 personas —entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía, y defensores y defensoras de los derechos humanos—  declaradas culpables de cargos falsos por el Juzgado de Primera Instancia de Túnez es una señal alarmante de todo lo que las autoridades están dispuestas a hacer para sofocar la disidencia pacífica en el país.  

Ante la noticia de la detención de Rita Karasartova, destacada defensora de los derechos humanos kirguisa, Marie Struthers, directora de Amnistía Internacional para Europa Oriental y Asia Central, ha manifestado:

En el marco de la visita oficial del presidente Nayib Bukele a la Casa Blanca, este 14 de abril, Amnistía Internacional emitió una declaración pública para alertar sobre la profundización de la crisis de derechos humanos en El Salvador y la ahora complicidad de Estados Unidos al unirse a las prácticas represivas que violan el derecho internacional.