A un año del lanzamiento del informe «Son militares, yo los vi«, que documentó la desaparición forzada de 10 personas de la costa ecuatoriana, entre ellas seis menores de edad, en el contexto del llamado Plan Fénix del presidente Daniel Noboa, ha habido algunos avances importantes. No obstante, la falta de cooperación de las Fuerzas Armadas en las investigaciones penales y la profundización de la política de militarización de la seguridad pública continúan siendo los principales obstáculos para que todas las familias de las víctimas accedan a la verdad, la justicia y la reparación, y para que se garantice la no repetición de estos crímenes, declaró hoy Amnistía Internacional.  

Ante nuevas revelaciones sobre la presunta participación de Estados Unidos en los ataques contra de embarcaciones ecuatorianas, incluyendo la embarcación Fiorella, de la cual aún se desconoce el paradero de ocho de sus tripulantes, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: 

A tres años de que Ecuador votara mayoritariamente para proteger al Parque Nacional Yasuní de la extracción petrolera en uno de los referéndums ambientales más importantes de la historia de América Latina, las autoridades siguen sin cumplir plenamente con el resultado de la consulta y, al mismo tiempo, integrantes del colectivo YASunidos enfrentan sanciones económicas desproporcionadas por su participación en la campaña. 

Amnistía Internacional se une al llamado de las Guerreras por la Amazonía (GxA), que cinco años después de ganar una sentencia histórica que exige a Ecuador eliminar los mecheros petroleros cercanos a centros poblados, así como reparaciones a las comunidades afectadas, siguen exigiendo su cumplimiento. 

Al cumplirse seis meses del posible ataque de Estados Unidos contra la embarcación ecuatoriana Fiorella, Amnistía Internacional recuerda que la política estadounidense de ataque y derribo a embarcaciones en alta mar, bajo el pretexto de que transportan drogas hacia Estados Unidos, configura una práctica de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos que debe cesar inmediatamente. 

Pese al estado cada vez más conflictivo del mundo, y a raíz de protestas y peticiones de activistas y defensores de causas sociales, gobiernos y sociedad civil se han unido para aprobar importantes leyes y resoluciones a fin de abordar los perjuicios para los derechos humanos.

En respuesta a la ceremonia pública realizada el día de hoy en Guayaquil, en donde el Comandante General de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, en representación de las Fuerzas Armadas, se disculpó públicamente con los familiares de Nehemías Arboleda Portocarrero, Steven Medina, Ismael Arroyo y Josué Arroyo, conocidos como “los 4 niños de las Malvinas,” quienes fueron víctimas de desaparición forzada por miembros de las Fuerzas Armadas el 8 de diciembre de 2024, Ana Piquer, Directora para las Américas de Amnistía Internacional, declaró: 

Varios países de las Américas están adoptando marcos legales restrictivos para debilitar, controlar e incluso desmantelar a las organizaciones de la sociedad civil, advirtió hoy Amnistía Internacional al presentar su nuevo informe Rompiendo el tejido social: El impacto de leyes restrictivas sobre organizaciones de la sociedad civil en las Américas.

En vísperas de la próxima sesión del Comité de las Naciones Unidas sobre la Desaparición Forzada en Ginebra, Suiza, que, entre el 10 y el 12 de marzo, evaluará los avances y desafíos que Ecuador enfrenta para prevenir, investigar y sancionar las desapariciones forzadas, Amnistía Internacional manifestó que estos crímenes siguen impunes, y podrían repetirse, mientras la política de seguridad militarizada del presidente Daniel Noboa se mantenga. 

En un contexto de propagación de las prácticas autoritarias, colapso climático y erosión del derecho internacional, el Día de los Derechos Humanos (10 de diciembre) Amnistía Internacional lanza su campaña anual Escribe por los Derechos para apoyar a las víctimas de violaciones de derechos humanos y mostrar que la humanidad debe triunfar.

A un año de la desaparición forzada de Steven Medina, Nehemías Arboleda, Josué Arroyo e Ismael Arroyo, sus familiares siguen demandando justicia, verdad y reparación.  

Las infraestructuras de combustibles fósiles suponen un riesgo para la salud y los medios de vida de al menos 2.000 millones de personas en todo el mundo, aproximadamente una cuarta parte de la población mundial, según afirman Amnistía Internacional y Better Planet Laboratory (BPL) en un nuevo informe sobre los daños que el sector de los combustibles fósiles causa al clima, a las personas y a los ecosistemas de todo el mundo.