En vísperas de la reunión que se celebrará el 4 de septiembre entre Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos para debatir los progresos sobre los planes para deportar a personas a los denominados “centros de retorno” en países fuera de Europa en los que pueden no haber estado nunca, y que probablemente serán centros o instalaciones financiados por Estados miembros de la Unión Europea, Eve Geddie, directora de la Oficina de Amnistía Internacional ante las Instituciones Europeas, ha declarado:

Ante las peticiones de dimisión de Francesca Albanese, relatora especial sobre la situación de los derechos humanos en los Territorios Palestinos Ocupados desde 1967, realizadas por ministros y otras autoridades de Francia y Chequia, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

En reacción a la decisión emitida hoy por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que permitirá al gobierno austriaco expulsar a un hombre a Siria, Shoura Zehetner-Hashemi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Austria, ha afirmado:

Amnistía Internacional ha publicado hoy un informe introductorio sobre el generalizado y rápido despliegue de tecnologías digitales en los sistemas de gestión del asilo y la migración en todo el mundo, incluidos Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea.

Los anuncios realizados por varios países europeos y la Comisión Europea sobre la restricción de la financiación a organizaciones palestinas de derechos humanos supondrán un deterioro aún mayor de la credibilidad de la Unión Europea como autoproclamada defensora de los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras 95 organizaciones han publicado una carta dirigida a la UE y a los Estados miembros en la que expresan su preocupación por el impacto de estas medidas discriminatorias sobre los derechos humanos.

Al mismo tiempo que conocemos por los informes más recientes que el mundo se precipita hacia niveles de calentamiento global de al menos 2,5 °C, un nuevo documento informativo de Amnistía Internacional ilustra los efectos devastadores que ya provoca la crisis climática. En vísperas de la COP27, la organización insta a todos los Estados Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) a actualizar su objetivo de reducción de las emisiones para 2030 a fin de garantizar que es compatible con el de mantener el incremento medio de la temperatura mundial por debajo de 1,5 °C. Los Estados deben comprometerse a prescindir gradualmente del uso y la producción de combustibles fósiles sin recurrir a “atajos” dañinos de eficacia no demostrada, como los mecanismos de retirada del carbón, y crear un fondo para daños y perjuicios que ofrezca reparación a las personas cuyos derechos han sido vulnerados a causa de la crisis climática.