“Los acuerdos de alto el fuego, frágiles y temporales, entre Estados Unidos e Irán, y entre Israel y Líbano, deben ser sustituidos por un alto el fuego regional duradero, sostenible y completo que abarque todos los países afectados por este conflicto para evitar más sufrimiento catastrófico de la población civil y allanar el camino a la justicia, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos a largo plazo para todas las personas”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Israel, Estados Unidos y la República Islámica de Irán deben cesar o abstenerse de lanzar ataques ilícitos contra infraestructuras energéticas, incluidas instalaciones que proporcionan servicios esenciales como electricidad, calefacción y agua corriente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy, destacando los riesgos que esos ataques entrañan de causar un daño devastador a la población civil y provocar consecuencias medioambientales.

Ante la rápida expansión de las hostilidades regionales a todo Oriente Medio tras los ataques conjuntos que Estados Unidos e Israel libran contra Irán y la subsiguiente oleada de ataques iraníes de represalia en toda la región, Amnistía Internacional hace un llamamiento urgente a todas las partes para que protejan a la población civil y respeten el derecho internacional humanitario, en particular poniendo fin a los ataques ilícitos, como los ataques deliberados, indiscriminados o desproporcionados contra población civil e infraestructura civil.

El reciente acuerdo de paz firmado entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda no aborda la cuestión de la justicia para las víctimas de graves crímenes, al no incluir ninguna disposición encaminada a que los perpetradores de esos crímenes rindan cuentas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.

Las autoridades de Qatar deben poner en libertad de inmediato al exdirector de comunicaciones de la Copa Mundial masculina de 2022 Abdullah Ibhais, de nacionalidad jordana, después de que una comisión de la ONU determinara que lleva casi tres años detenido de forma arbitraria. Así lo han manifestado hoy FairSquare, Amnistía Internacional y Human Rights Watch.

Con motivo de la tercera reunión sobre Afganistán convocada por la ONU que tendrá lugar en Doha (Qatar) los días 30 de junio y 1 de julio de 2024, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

Las autoridades de Qatar deben anular la condena del ciudadano británico-mexicano Manuel Guerrero Aviña, condenado a seis meses de prisión condicional y a una multa tras un juicio manifiestamente injusto ante el Tribunal Penal de Al Sadd de la capital, Doha, han declarado hoy Amnistía Internacional, FairSquare y National AIDS Trust.

La inacción continuada de Qatar para remediar los abusos contra los derechos humanos sufridos por la población trabajadora migrante y brindarle una protección adecuada frente a la explotación laboral están enturbiando el legado de la Copa Mundial masculina de la FIFA cuando se cumple un año de su celebración, ha manifestado hoy Amnistía Internacional.

Una coalición global de grupos de derechos humanos, sindicatos, futbolistas e hinchas insta a la FIFA a garantizar que los derechos humanos son una consideración primordial a la hora de elegir qué países pueden ser anfitriones de la Copa Mundial de fútbol masculino de 2030.

Ante las amenazas de la FIFA de sancionar a los jugadores que planeaban lucir los brazaletes “One Love” para mostrar su apoyo a la comunidad LGBTI, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha manifestado:

En respuesta a las recientes declaraciones de Gianni Infantino, Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de Amnistía Internacional, ha declarado:

Con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar el 20 de noviembre, este Estado del golfo Pérsico acaparará la atención mundial. La difícil situación de las personas migrantes que trabajan en Qatar ha sido objeto de amplia difusión desde que la FIFA concedió en 2010 la organización del campeonato a este país. Las personas migrantes y las trabajadoras y trabajadores domésticos siguen sufriendo diversos abusos, como robos de salario, trabajo forzoso y explotación.