En todo el mundo, hay personas que siguen sufriendo los efectos duraderos de la esclavitud y el colonialismo, y que luchan para obtener la reparación que merecen de los gobiernos y actores no estatales que perpetraron estas injusticias históricas y se beneficiaron de ellas.
Ante la decisión de la Sala de Primera Instancia X de la Corte Penal Internacional (CPI) de declarar culpable a Ali Muhammad Ali Abd al Rahman (también llamado “Ali Kushayb”) por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos entre agosto de 2003 y, al menos, abril de 2004 durante los brutales ataques perpetrados en Darfur, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:
Amnistía Internacional ha presentado un nuevo informe titulado Breaking up with Big Tech (Romper con las grandes empresas tecnológicas) ’en el que se pide a gobiernos que limiten el poder de las grandes empresas tecnológicas con el objetivo de proteger los derechos humanos.
Según un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional, tanto el Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda, como Wazalendo, una coalición más o menos estructurada de grupos armados apoyados por el ejército congoleño, han cometido violaciones colectivas de mujeres y abusos generalizados contra los derechos humanos de la población civil en el este de República Democrática del Congo (RDC), actos que infringen el derecho internacional humanitario y podrían constituir crímenes de guerra.
El reciente acuerdo de paz firmado entre República Democrática del Congo (RDC) y Ruanda no aborda la cuestión de la justicia para las víctimas de graves crímenes, al no incluir ninguna disposición encaminada a que los perpetradores de esos crímenes rindan cuentas, ha dicho hoy Amnistía Internacional.
Los Estados deben emprender urgentemente acciones en materia climática diseñando una transición justa para abandonar los combustibles fósiles en todos los sectores, y evitando así daños aún más graves para los derechos humanos en todo el mundo, ha dicho Amnistía Internacional en un nuevo informe coincidente con el inicio de la Conferencia sobre el Clima de Bonn, que tendrá lugar del 16 al 26 de junio.
En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:
En un nuevo informe publicado hoy, Amnistía Internacional afirma que “veinticinco años después de la guerra de los seis días de Kisangani (República Democrática del Congo), que causó la muerte de cientos de civiles y heridas a miles, las víctimas siguen esperando verdad, justicia y, en su mayoría, reparación”.
Ante la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de renovar un año más el embargo de armas impuesto a Sudán del Sur, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha manifestado:
Con el respaldo de Ruanda, el Movimiento 23 de Marzo (M23) ha matado, torturado y sometido a desaparición forzada a personas detenidas, a algunas de las cuales ha tomado como rehenes y recluido en condiciones inhumanas en lugares de detención de Goma y Bukavu, en el este de la República Democrática del Congo (RDC). Estos actos violan el derecho internacional humanitario y pueden constituir crímenes de guerra, según ha manifestado hoy Amnistía Internacional.
Ante la noticia de la desaparición forzada del defensor sudanés de los derechos humanos y solicitante de asilo Mohammed Adam, conocido como “Tupac”, tras ser secuestrado por agentes de la embajada sudanesa en Trípoli, la capital de Libia, el 19 de mayo, Tigere Chagutah, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, ha declarado:
El despliegue de soldados ugandeses armados y de equipo militar a Sudán del Sur desde el 11 de marzo de 2025 es un incumplimiento flagrante del embargo de armas, ha manifestado hoy Amnistía Internacional, antes de la votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la renovación del embargo que tendrá lugar este mismo mes.