Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional

Mientras el asedio impuesto por el gobierno israelí mata de hambre a la población de Gaza, el personal humanitario se está sumando ahora a las colas de alimentos, con lo que corre el riesgo de ser alcanzado por disparos sólo para alimentar a sus familias. Los suministros ya se han agotado totalmente, por lo que las organizaciones humanitarias están siendo testigos de cómo sus compañeros y aliados se consumen ante sus ojos.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) se establecieron hace 10 años para garantizar paz y prosperidad a las personas y al planeta, ahora y en el futuro. Sin embargo, cada vez parece menos probable alcanzarlos antes de 2030, y esto se debe a la falta de inversión significativa durante un decenio y, más recientemente, a los recortes de ayuda humanitaria por parte de donantes tan importantes como Estados Unidos y algunos países europeos.

“Las autoridades de Ghana no han protegido ni han hecho cumplir los derechos humanos de cientos de víctimas de acusaciones de brujería y de ataques rituales que las obligaron a huir de su comunidad temiendo por su vida”, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

Ante la noticia de que un jurado estadounidense de Dakota del Norte ha ordenado a Greenpeace pagar al menos 660 millones de dólares estadounidenses a la empresa de combustibles fósiles Energy Transfer, tras declarar a la organización responsable de difamación y de los actos de manifestantes opuestos al oleoducto Dakota Access en 2016 y 2017, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha manifestado:

El día de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, Amnistía Internacional pide al presidente Donald Trump y a su administración que cumplan sus obligaciones en materia de derechos humanos en todas sus políticas y planteamientos de gobierno.

Cuando en África ya hay millones de personas desplazadas a consecuencia de desastres causados por el cambio climático, los países más ricos, máximos responsables del calentamiento global, deben acordar en la Conferencia sobre el Clima COP29, que se celebrará en Bakú, Azerbaiyán, pagar íntegramente las catastróficas pérdidas de hogares y el perjuicio a los medios de subsistencia que están teniendo lugar en todo el continente, ha declarado Amnistía Internacional. Asimismo, deben financiar totalmente las medidas de adaptación de los gobiernos africanos para prevenir nuevos desplazamientos forzados, detener las violaciones de derechos humanos y ayudarlos a conseguir la eliminación gradual rápida y justa de la producción y el uso de combustibles fósiles.

La venta propuesta del negocio petrolífero de Shell en la región del delta del Níger, en el sur de Nigeria, amenaza con agravar los abusos contra los derechos humanos y debería ser bloqueada por el gobierno a menos que se establezcan una serie de salvaguardias. Así lo ha manifestado hoy un grupo de 40 organizaciones de la sociedad civil entre las que se encuentra Amnistía Internacional.

Ante la adopción por el Consejo de Seguridad de la ONU de una resolución de compromiso que pide “medidas urgentes para permitir inmediatamente el acceso humanitario seguro y sin obstáculos y ampliado” a Gaza y la creación de “las condiciones para un cese de hostilidades sostenible”, Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, ha declarado:

“Los gobiernos que participan en la COP28 —incluido el de Emiratos Árabes Unidos (EAU), anfitrión de la conferencia y productor de combustibles fósiles— deben tomar medidas concretas y enérgicas para evitar los peores daños de la crisis climática en el contexto de la alarmante escasez de agua agravada por el cambio climático que afecta también a los Estados de Oriente Medio y el norte de África”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Ante el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente publicado hoy, que muestra que la producción de combustibles fósiles en 2030 será más del doble del límite necesario para mantener este siglo el calentamiento global en el objetivo acordado internacionalmente de 1.5 °C por encima de lo niveles preindustriales, Candy Ofime, investigadora sobre justicia climática de Amnistía Internacional, ha declarado: