Los Estados deben impedir que el buque de pabellón portugués Holger G —que transporta componentes de municiones con destino a Israel— atraque en sus puertos, habida cuenta del riesgo evidente de que su carga contribuya al genocidio en curso en la Franja de Gaza ocupada, así como a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra la población palestina, ha afirmado Amnistía Internacional.

“Estados, instituciones públicas y empresas de todo el mundo están facilitando con su complicidad, su apoyo o su parálisis autoimpuesta, las prolongadas violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidos su genocidio en curso contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, su ocupación ilegal de todo el Territorio Palestino Ocupado (TPO) y su cruel sistema de apartheid contra toda la población palestina cuyos derechos controla, o beneficiándose de ellas”, afirma Amnistía Internacional en un documento publicado hoy que incluye llamamientos urgentes a Estados y empresas.

El lunes 24 de febrero, los ministros y ministras de Asuntos Exteriores de la UE recibirán en Bruselas a Gideon Sa’ar, ministro de Exteriores israelí, con motivo del Consejo de Asociación de la Unión Europea e Israel. Es la primera vez en la historia de la UE que sus dirigentes reciben al responsable de política exterior de un Estado contra cuyos primer ministro y exministro de Defensa existen órdenes de detención por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad dictadas por la Corte Penal Internacional (CPI) y cuyas fuerzas armadas participan activamente en la comisión de crímenes de derecho internacional, incluido el genocidio.

Personas migrantes contratadas en centros de Arabia Saudí franquiciados por el gigante francés del sector minorista Carrefour fueron engañadas por agencias de contratación de personal, obligadas a trabajar un número excesivo de horas, privadas de días de descanso y estafadas en sus ingresos; así lo afirma Amnistía Internacional.

Los gigantes del vehículo eléctrico BYD, Mitsubishi y Hyundai son los fabricantes que salen peor parados en una nueva clasificación del sector en materia de derechos humanos realizada por Amnistía Internacional. El estudio revela que los principales fabricantes de vehículos eléctricos del mundo no están mostrando debidamente cómo abordan los riesgos en materia de derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales, dejando a las comunidades en peligro de explotación, riesgos para la salud y daños ambientales causados por la rápida expansión de la minería necesaria para obtener los metales empleados en la fabricación de baterías.

Una nueva e importante investigación de Amnistía Internacional revela escandalosos intentos de ataque con software espía contra la sociedad civil, periodistas, figuras políticas e intelectuales en la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Asia. Entre los objetivos del software espía Predator figuran funcionarios y funcionarias de la ONU, un senador y un congresista de Estados Unidos e incluso las presidentas del Parlamento Europeo y de Taiwán.La investigación forma parte del proyecto de los “Archivos Predator”, en asociación con European Investigative Collaborations (EIC) y con el apoyo de reportajes adicionales en profundidad de Mediapart y Der Spiegel.

Las empresas que venden armas menos letales a países que abusan de ellas para reprimir protestas, y los Estados que conceden licencias para estas exportaciones, están alimentando una crisis global de derechos humanos y deben detener este irresponsable comercio. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en una nueva investigación publicada hoy.

Una nueva investigación sobre la crisis global de la vigilancia a cargo de la red de medios de comunicación European Investigative Collaborations (EIC), con asistencia técnica del Laboratorio sobre Seguridad de Amnistía Internacional, empieza a revelar hoy la escandalosa verdad sobre la enorme extensión de los tentáculos del sector y la ineficacia de la regulación de la UE para controlarlo.