Denunciar la injusticia o unirse a una marcha de solidaridad son algunas de las pocas herramientas de las que disponemos —al igual que personas de todo el mundo— para intentar cambiar las cosas. Sin el derecho a protestar de forma pública y pacífica —de difundir mensajes en las redes sociales, escribir cartas y firmar peticiones— se nos silencia.Y aun así, en el último mes, las iniciativas de varios gobiernos europeos para reprimir la expresión y las protestas ante la violencia sin precedentes en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados parecen pensadas para hacer precisamente eso: amordazar la disidencia, negar el duelo colectivo, fomentar el miedo a alzar la voz y crear un efecto inhibidor que amenaza con parar la libre expresión en seco.Las autoridades de varios Estados europeos han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan —en público y en Internet— su apoyo a los derechos de éste. Hay gobiernos que han amenazado con clausurar organizaciones y grupos que defienden los derechos humanos de la población palestina y con bloquear la financiación a organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes y regionales.Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas por expresar “ideologías radicales”, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Se ha alentado a escuelas y universidades a estar muy alerta ante señales de lo que califican de “extremismo” en las expresiones del alumnado.Afirmando inicialmente que las restricciones eran necesarias en interés del “orden público”, los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes: mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Dado que no existe una definición universalmente aceptada de “terrorismo”, cada Estado usa la suya, normalmente en términos excesivamente generales y muy poco precisos, lo que ha desembocado en el uso abusivo masivo de la legislación antiterrorista en todo el mundo. La era posterior al 11 de septiembre de 2001 abundó —y sigue abundando— en medidas antiterroristas y contra el extremismo que han reducido radicalmente el espacio de la sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión.La rapidez con la que esto está sucediendo en Europa —tanto en la Unión Europea como a nivel nacional—, parece indicar que, en el impulso de responder a los brutales ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, los Estados sencillamente se han “extralimitado”.Pero yo diría que el acto de mezclar Hamás con la población palestina, Hamás con grupos armados claramente diferentes como el Estado Islámico, y toda la población musulmana con el terrorismo es deliberado y tiene como fin generar alarma y confusión. Esta forma de sembrar el miedo tiene un resultado lógico: la población será reacia a defender los derechos humanos de la población palestina.En medio de todo ese miedo e incertidumbre, es mejor no decir nada.
