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  • Conferencia de Seguridad de Múnich: La secretaria general de Amnistía Internacional pide a los Estados que opongan resistencia a los ataques contra la protección de los derechos humanos

    Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional, asistirá a la Conferencia de Seguridad de Múnich del 14 al 16 de febrero, donde estará disponible para entrevistas y pedirá a altos cargos y dirigentes mundiales que se unan con determinación y opongan resistencia a los ataques contra los derechos humanos y la arquitectura multilateral mundial y eviten más daños a la protección de los derechos humanos y el orden basado en normas.

  • La negativa de Alemania a apoyar la nueva legislación de la UE sobre empresas socava los derechos humanos

    En vísperas de una votación crucial que tendrá lugar el viernes sobre una nueva legislación pionera de la UE relativa a las empresas que ayudaría a salvaguardar los derechos humanos, y a la que el gobierno alemán amenaza ahora con retirar su apoyo anterior, Hannah Storey, asesora de política sobre empresas y derechos humanos de Amnistía Internacional, ha declarado:

  • Europa: Detener la devolución de personas desde el Cáucaso septentrional a Rusia, donde corren peligro de sufrir tortura y abusos

    Las autoridades de los Estados de Europa deben detener de inmediato la transferencia de refugiados y solicitantes de asilo provenientes del Cáucaso septentrional a Rusia, donde corren peligro de sufrir tortura y otros malos tratos y podrían ser forzados a combatir en la guerra de agresión de Rusia en Ucrania, ha afirmado Amnistía Internacional en un nuevo documento de investigación publicado hoy.

  • Las restricciones discriminatorias de financiación de los gobiernos donantes europeos a la sociedad civil palestina pueden agravar la crisis de derechos humanos

    Los anuncios realizados por varios países europeos y la Comisión Europea sobre la restricción de la financiación a organizaciones palestinas de derechos humanos supondrán un deterioro aún mayor de la credibilidad de la Unión Europea como autoproclamada defensora de los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras 95 organizaciones han publicado una carta dirigida a la UE y a los Estados miembros en la que expresan su preocupación por el impacto de estas medidas discriminatorias sobre los derechos humanos.

  • Protestar pacíficamente contra la injusticia en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados no es una amenaza para la seguridad

    Denunciar la injusticia o unirse a una marcha de solidaridad son algunas de las pocas herramientas de las que disponemos —al igual que personas de todo el mundo— para intentar cambiar las cosas. Sin el derecho a protestar de forma pública y pacífica —de difundir mensajes en las redes sociales, escribir cartas y firmar peticiones— se nos silencia.Y aun así, en el último mes, las iniciativas de varios gobiernos europeos para reprimir la expresión y las protestas ante la violencia sin precedentes en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados parecen pensadas para hacer precisamente eso: amordazar la disidencia, negar el duelo colectivo, fomentar el miedo a alzar la voz y crear un efecto inhibidor que amenaza con parar la libre expresión en seco.Las autoridades de varios Estados europeos han prohibido protestas de solidaridad con el pueblo palestino y han hostigado y detenido a quienes expresan —en público y en Internet— su apoyo a los derechos de éste. Hay gobiernos que han amenazado con clausurar organizaciones y grupos que defienden los derechos humanos de la población palestina y con bloquear la financiación a organizaciones de derechos humanos palestinas, israelíes y regionales.Se ha advertido a personas extranjeras de que podrían ser deportadas por expresar “ideologías radicales”, y las autoridades han apoyado medidas de entidades empleadoras de despedir a quienes se expresen en favor del pueblo palestino. Se ha alentado a escuelas y universidades a estar muy alerta ante señales de lo que califican de “extremismo” en las expresiones del alumnado.Afirmando inicialmente que las restricciones eran necesarias en interés del “orden público”, los gobiernos europeos han empezado a emplear un truco que hemos visto antes: mezclan el apoyo a los derechos humanos de la población palestina con el apoyo al terrorismo. Dado que no existe una definición universalmente aceptada de “terrorismo”, cada Estado usa la suya, normalmente en términos excesivamente generales y muy poco precisos, lo que ha desembocado en el uso abusivo masivo de la legislación antiterrorista en todo el mundo. La era posterior al 11 de septiembre de 2001 abundó —y sigue abundando— en medidas antiterroristas y contra el extremismo que han reducido radicalmente el espacio de la sociedad civil, incluidos los derechos a la libertad de expresión y de reunión.La rapidez con la que esto está sucediendo en Europa —tanto en la Unión Europea como a nivel nacional—, parece indicar que, en el impulso de responder a los brutales ataques de Hamás en el sur de Israel del 7 de octubre, los Estados sencillamente se han “extralimitado”.Pero yo diría que el acto de mezclar Hamás con la población palestina, Hamás con grupos armados claramente diferentes como el Estado Islámico, y toda la población musulmana con el terrorismo es deliberado y tiene como fin generar alarma y confusión. Esta forma de sembrar el miedo tiene un resultado lógico: la población será reacia a defender los derechos humanos de la población palestina.En medio de todo ese miedo e incertidumbre, es mejor no decir nada.

  • Global: El escándalo de los ‘Archivos Predator’ revela ataques descarados con software espía contra la sociedad civil, figuras políticas y altos cargos

    Una nueva e importante investigación de Amnistía Internacional revela escandalosos intentos de ataque con software espía contra la sociedad civil, periodistas, figuras políticas e intelectuales en la Unión Europea (UE), Estados Unidos y Asia. Entre los objetivos del software espía Predator figuran funcionarios y funcionarias de la ONU, un senador y un congresista de Estados Unidos e incluso las presidentas del Parlamento Europeo y de Taiwán.La investigación forma parte del proyecto de los “Archivos Predator”, en asociación con European Investigative Collaborations (EIC) y con el apoyo de reportajes adicionales en profundidad de Mediapart y Der Spiegel.