Gobernar mediante el miedo
Los discursos centrados en amenazas permanentes a la seguridad pueden utilizarse para justificar medidas extraordinarias que limitan derechos fundamentales.
Entre los riesgos asociados se encuentran:
- Expansión de facultades de vigilancia.
- Debilitamiento de garantías procesales.
- Aumento desproporcionado de poderes coercitivos del Estado.
- Normalización de medidas excepcionales.
Entre los asuntos que requieren observación se encuentran:
- Expansión de estructuras y facultades relacionadas con seguridad pública.
- Uso de discursos centrados en amenazas a la seguridad para justificar políticas restrictivas.
- Debates sobre el balance entre seguridad pública y protección de derechos fundamentales.
- Riesgo de que medidas excepcionales se normalicen en contextos de crisis.
Los datos y enlaces a continuación existen como un documento vivo en constante revisión y actualización.
Si usted entiende que tiene algún ejemplo o información sobre esta y/o alguna otra de las alertas, nos puede escribir a [email protected]
Datos
En marzo de 2026, la gobernadora Jenniffer González Colón participó en el Foro de Seguridad en Miami organizado por The Heritage Foundation, donde destacó a Puerto Rico como un «pilar estratégico para la seguridad nacional» de Estados Unidos, en la “guerra” contra el narcotráfico y el terrorismo, y las “amenazas emergentes” de las dictaduras, la influencia de China, Rusia e Irán en la región.
Aprobación de la Ley 89-2026 (mayo) «Ley Habilitadora para Implementar el Plan de Alerta AZUL» en Puerto Rico. Lo que puede preocuparnos sobre esta ley: Se crea un mecanismo de emergencia sin supervisión externa; la propia Policía decide cuándo activarlo (auto-aplicación); se justifica la ley mediante el lenguaje de la crisis (casos trágicos recientes); se enmarca como un «sistema de prevención» similar a las Alertas Amber, Silver y Rosa, pero con un propósito radicalmente distinto: capturar sospechosos de violencia contra el Estado.
Criminalización de la protesta y uso de la Policía como seguridad privada
Persecución y miedo entre las comunidades inmigrantes: las intervenciones y detenciones han excedido sus límites legales; se afecta a personas sin antecedentes criminales e incluso con estatus migratorio regular; cuando la Policía estatal actúa en colaboración con agencias de inmigración, se genera miedo y desconfianza entre la población migrante, esto disminuye las denuncias de delitos y aumenta la inseguridad general. Algunas consecuencias que se han documentado: inmigrantes han sido reportados o procesados por autoridades estatales a pesar de ser víctimas o testigos de delitos, esta práctica viola la Ley 22 de 1988 (protección a víctimas y testigos) y la Ley 205-2004 (confidencialidad en procesos judiciales).
El miedo a la deportación puede ser utilizado como herramienta de control social. Las personas migrantes, al temer ser reportadas, dejan de denunciar delitos (incluyendo violencia doméstica, explotación laboral y abusos), quedando en un estado de vulnerabilidad extrema que el Estado no solo no protege, sino que profundiza las injusticias.