Construcción de enemigos y estigmatización de grupos sociales
Los discursos que identifican a determinados sectores de la población como amenazas para la sociedad pueden fomentar la discriminación, legitimar exclusiones y justificar restricciones de derechos.
Frecuentemente los grupos afectados incluyen:
- Personas migrantes.
- Personas LGBTI.
- Minorías raciales, étnicas o religiosas.
- Personas en situación de pobreza.
- Organizaciones de la sociedad civil.
- Personas defensoras de derechos humanos.
Diversos sectores han señalado:
- Creación de leyes que atentan contra los derechos humanos de las personas trans y otros sectores de la comunidad LGBTQI.
- Uso de argumentos religiosos para justificar excepciones a protecciones antidiscriminatorias.
- Difusión de información falsa o engañosa sobre derechos reproductivos, y creación de leyes que restringen la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres
- Estigmatización de organizaciones de la sociedad civil que reciben fondos federales o internacionales.
- Narrativas que presentan a determinados grupos como amenazas a valores sociales o culturales.
Los datos y enlaces a continuación existen como un documento vivo en constante revisión y actualización.
Si usted entiende que tiene algún ejemplo o información sobre esta y/o alguna otra de las alertas, nos puede escribir a [email protected]
Datos
En Puerto Rico existe una larga trayectoria de esta estrategia de fabricar enemigos específicamente dirigidas hacia actores sociales que son percibidos por el poder político y económico como sus adversarios.
Históricamente a grupos independentistas y anticapitalistas se les ha catalogado como “subversivos”, “sediciosos”, “terroristas” y, por tanto, han sido víctimas de la vigilancia política y el carpeteo. A las organizaciones sindicales y grupos de trabajadores huelguistas se les ha catalogado como “obstáculos”, “chantajistas”, “secuestradores” que amenazan al funcionamiento ordenado del país. A los grupos ambientalistas y comunitarios que han luchado en defensa del territorio y bienes comunes se les ha catalogado como personas contra el progreso, “radicales” y “enemigos del desarrollo económico”. A los manifestantes en protesta social (como las manifestaciones de “Ricky Renuncia” se les tildó de “revoltosos”, “violentos”, “infiltrados”, “anarquistas”, “agitadores” y como amenazas contra el orden público.
Estas caracterizaciones han ido construyendo una cultura política y discursiva en la que se asocia la protesta social como delito o crimen, cuyos participantes parecen ser fanáticos e irracionales que amenazan a la seguridad y al orden social y político; además de que se cuestionan sus motivos, tildándoles como obstáculos a los procesos tecnocráticos y al desarrollo económico; e incluso, se procura deslegitimar sus reclamos catalogándolos como parte de una agenda político-partidista.
Comunidad LGBTI: el «enemigo moral»
Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa (Ley 14-2025)
Firmada por la gobernadora Jenniffer González, esta ley permite que empleados públicos y profesionales regulados por el Estado se nieguen a atender a ciudadanos por objeciones religiosas.
Prohibición de atención médica de afirmación de género (Ley 63-2025)
prohíbe la atención médica relacionada con la afirmación de género para menores de 21 años. Esta ley ataca directamente a una población ya vulnerable, presentándolos como una amenaza que requiere restricción.
Prohibición de baños inclusivos (Ley 26-2026)
Esta Ley prohibió la existencia de baños inclusivos en dependencias gubernamentales, argumentando —sin evidencia— que esto prevendría violencia sexual contra las mujeres. Esta táctica utiliza la protección de un grupo (mujeres) para justificar la exclusión de otro (personas trans).
Criminalización de personas inmigrantes
Perfilamiento racial en detenciones migratorias
Las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Puerto Rico han utilizado tácticas de perfilamiento racial basados en el acento y las características físicas. Varias organizaciones de derechos humanos documentaron detenciones arbitrarias y discriminatorias dirigidas a personas de comunidades negras y empobrecidas. El gobierno de PR ha colaborado de forma activa en estos procesos, ofreciendo información voluntariamente sobre personas inmigrantes y la ACLU ha documentado casos en los que policías municipales han actuado como agentes migratorios, refiriendo personas inmigrantes a agencias federales sin orden judicial, sin autoridad legal y sin los protocolos necesarios para proteger derechos fundamentales.
Detenciones sin orden judicial y engaños
Se han reportado arrestos sin orden judicial y el uso de engaños (como solicitar licencias de conducir) para obtener información. Entre enero y noviembre de 2025, al menos 1,431 personas migrantes fueron detenidas.
Criminalización de comunidades migrantes específicas
El Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Puerto Rico advirtió que las políticas migratorias criminalizan a comunidades provenientes de República Dominicana y Haití, a pesar de que han sido esenciales para el desarrollo económico, social y cultural de PR. La presidenta del Colegio denunció que estas políticas generan «un clima de temor y violencia» hacia personas que migran en busca de seguridad.
Vulnerabilidad de mujeres migrantes
Varias organizaciones de derechos humanos señalado que las mujeres migrantes están más expuestas a violencia doméstica, han explotación y abuso debido al miedo a ser deportadas si denuncian.
https://periodismoinvestigativo.com/2025/01/mujeres-dominicanas-puerto-rico-politicas-migratorias/