Restricciones al acceso a la información y a la libertad de prensa

El acceso a información pública y la existencia de medios de comunicación libres e independientes son condiciones indispensables para la rendición de cuentas. 

Las señales de alerta incluyen: 

  • Obstáculos al acceso a información pública. 
  • Restricciones al trabajo periodístico. 
  • Falta de transparencia en la gestión pública. 
  • Debilitamiento de mecanismos de fiscalización ciudadana. 
  • Limitaciones al acceso de la prensa a funcionarios e instituciones públicas. 

Algunas preocupaciones identificadas incluyen: 

  • Obstáculos al acceso oportuno de información pública. 
  • Cambios a las leyes que dificultan la obtención de documentos públicos. 
  • Limitaciones en los mecanismos de rendición de cuentas de organismos con amplios poderes sobre la política pública. 
  • Preocupaciones sobre la transparencia de entidades privadas que administran servicios públicos esenciales. 
  • Insuficiencia de datos públicos desagregados sobre el impacto de políticas públicas en comunidades vulnerabilizadas. 

Los datos y enlaces a continuación existen como un documento vivo en constante revisión y actualización.
Si usted entiende que tiene algún ejemplo o información sobre esta y/o alguna otra de las alertas, nos puede escribir a [email protected]


Datos

1. Aprobación de la Ley Núm. 66-2020- enmendó la Ley del Departamento de Seguridad  Pública) e incluía la tipificación como delito la difusión de información falsa sobre  emergencias en Puerto Rico con la intención de crear alarma, imponiendo hasta 3 años de  cárcel y multas de hasta $5,000. En abril de 2023 el Tribunal Federal determinó que dicha cláusula violentaba la primera enmienda de la Constitución de los EE. UU. 

https://aldia.microjuris.com/2023/04/03/tribunal-federal-declara-inconstitucional-ley- sobre-fake-news/ 

2. Varios periodistas y fotoperiodistas fueron agredidos por la Policía en medio de una  manifestación contra el contrato de LUMA en la noche del 24 de agosto del 2022: Juan R. Costa (NotiCel), Yesenia Torres (Teleonce), Nahira Montcourt (El Vocero) y Rafael  Contreras (Metro). 

https://noticel.com/ultima-hora/20220826/asppro-pide-accion-contra-policias-agresores

3. Ataque del senador novoprogresista Thomas Rivera Schatz el viernes, 15 de  septiembre de 2023, contra la periodista y editora del medio independiente Bonita Radio, Carmen Enid Acevedo. TRS “insultó, vejó, amenazó y se burló” de la periodista en sus  redes sociales. 

https://sandrarodriguezcotto.substack.com/p/aspipr-deplora-los-ataques-a-la-prensa

4. En febrero de 2025, el Senado aprobó una resolución (de Gregorio Matías y Eliezer  Molina) para investigar la «plugola», una práctica ilegal que consiste en pagar a  comentaristas o moderadores de medios para destruir la reputación de personas  específicas. Aunque se presenta como una medida contra la presunta corrupción  mediática, también refleja una posible intención de desalentar la cobertura y análisis que implique la rendición de cuentas por parte de funcionarios estatales.   

https://www.metro.pr/noticias/2025/02/27/senado-dirige-su-atencion-a-estaciones-de- radio-y-television-prensa-escrita-redes-sociales-y-medios-digitales/? 

5. Confrontación de la Gobernadora (agosto 2025) contra el fotoperiodista Juan Costa durante una conferencia de prensa, calificándolo de «irrespetuoso» y negándose a seguir respondiendo sus preguntas.

https://www.metro.pr/noticias/2025/08/24/periodista-juan-costa-se-reafirma-tras- incidente-con-la-gobernadora-eso-no-fue-lo-que-yo-dije/ 

6. Ley 156-2025 – Esta ley fue firmada en diciembre de 2025; impone nuevas trabas  burocráticas a las solicitudes de información pública, extiende los plazos de respuesta de las agencias gubernamentales y permite clasificar datos como confidenciales sin la debida supervisión. Esto dificulta la fiscalización de posibles actos de corrupción o mala gestión gubernamental.

https://noticel.com/noticias/gobierno/20251214/gobernadora-firma-ley-que-endurece-el- acceso-a-la-informacion-publica/ 

7. Confrontación entre el CPI y Fortaleza – El CPI demandó a la administración de la  gobernadora Jenniffer González por lo que consideraron una violación a la libertad de prensa, porque se les prohibió el acceso a las conferencias de prensa y actividades en la  Mansión Ejecutiva por no mostrar una credencial de prensa emitida por el Estado. En su moción de desestimación, los abogados del gobierno solicitaron sanciones económicas  contra el CPI por haber sometido “un caso frívolo”. 

https://noticel.com/noticias/20260114/gobierno-imputa-frivolidad-al-centro-de- periodismo-investigativo/