Restricciones a la protesta y criminalización de la disidencia
La protesta pacífica constituye un derecho humano protegido internacionalmente.
Las señales de alerta pueden incluir:
- Uso excesivo de la fuerza policial.
- Vigilancia indebida de activistas y organizaciones.
- Procesos judiciales utilizados para desalentar la participación pública.
- Restricciones administrativas al trabajo de organizaciones sociales.
- Obstáculos para la movilización y la organización comunitaria.
Las preocupaciones documentadas incluyen:
- Denuncias de uso excesivo de fuerza policial durante manifestaciones.
- Historial de vigilancia política y social conocido como carpeteo.
- Alegaciones contemporáneas sobre vigilancia digital de activistas y organizaciones.
- Intimidación o presión hacia personas activistas, líderes comunitarios o periodistas.
Los datos y enlaces a continuación existen como un documento vivo en constante revisión y actualización.
Si usted entiende que tiene algún ejemplo o información sobre esta y/o alguna otra de las alertas, nos puede escribir a [email protected]
Datos
Denuncia de la JSLP y la Colectiva Feminista
En julio de 2025, se aprobó la Ley 64-2025 que, aunque en apariencia busca «flexibilizar y agilizar» la aprobación de exenciones contributivas para organizaciones sin fines de lucro, introduce elementos que merecen análisis crítico porque:
Busca armonizar el sistema contributivo puertorriqueño con el federal (Sección 501(c)(3))
Faculta al Secretario de Hacienda a conceder exenciones a entidades reconocidas federalmente, «siempre y cuando el Secretario considere necesario que dicha exención servirá a los mejores intereses de Puerto Rico»
Elimina la necesidad de solicitud de exención para iglesias e instituciones religiosas (les otorga una exención automática)
El lenguaje que permite al Secretario de Hacienda evaluar discrecionalmente si una exención «sirve a los mejores intereses de Puerto Rico» introduce un elemento de control gubernamental sobre las organizaciones sin fines de lucro. Esto podría utilizarse para favorecer a organizaciones alineadas con el gobierno y dificultar el funcionamiento de aquellas dedicadas a la fiscalización, a la defensa de derechos humanos o a la justicia ambiental.
Presión económica a organizaciones de la sociedad civil, particularmente CPM, Taller Salud y las organizaciones que integran la Coalición Puertorriqueña contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual (efecto de políticas Federales en PR, podría mirarse en el contexto también de los cambios mencionados en el item 2)
Aprobación de la Ley 82-2026 – Entre otras cosas, este proyecto impone una fianza obligatoria equivalente al 10% del valor del proyecto impugnado, para las personas o grupos que quieran impugnar un permiso de construcción. Esto tiene el efecto de convertir el acceso a la justicia ambiental en un privilegio exclusivo de quienes poseen grandes recursos económicos. También exige que la parte que impugne un proyecto, demuestre un «daño inminente» para poder reclamar justicia, de esta manera, eleva el estándar probatorio de manera injustificada. La ley es de extensa aplicación a cualquier proceso judicial o administrativo contra proyectos de construcción y desarrollos. La ley promueve el silenciamiento de la oposición comunitaria y de grupos de defensa medioambiental. Esta ley es un ejemplo de cómo los gobiernos pueden utilizar mecanismos legales y financieros para aplastar la disidencia sin necesidad del uso de la fuerza bruta.
Intervenciones policiales y judiciales contra activistas y manifestantes