La desgarradora muerte bajo custodia esta semana de Bashar Abdel-Saud, refugiado sirio que fue torturado, debe ser una llamada de atención a las autoridades libanesas para que aborden la tortura en sus centros de detención, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Las autoridades judiciales libanesas han anunciado una investigación de la fiscalía militar, pero Amnistía Internacional pide que la investigación y el juicio tengan lugar ante el sistema de justicia ordinaria.
“Bashar Abdel-Saud murió cruelmente bajo la custodia del organismo de seguridad del Estado libanés; las imágenes de su cuerpo con hematomas y cortes profundos constituyen un desolador recordatorio de la necesidad de aplicar con urgencia la ley contra la tortura de 2017. Es inaceptable que se sigan cometiendo actos de tortura en centros de detención libaneses y con tal brutalidad; las autoridades deben poner fin de inmediato a esta práctica”, ha afirmado Heba Morayef, directora regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.
“Aunque el hecho que se haya puesto bajo custodia a un grupo de personal de seguridad para su interrogatorio es una medida positiva, en virtud de las normas de derechos los tribunales militares deben restringir su jurisdicción a los delitos militares cometidos por personal militar. Para garantizar la transparencia y la imparcialidad, el caso de Abdel-Saud debe remitirse con urgencia a un tribunal civil. Su familia merece justicia y reparaciones por su trágica pérdida.”
Agentes de seguridad del Estado detuvieron a Abdel-Saud en su domicilio en Beirut el 31 de agosto, sin presentar una orden de arresto. Según Mohammed Sablouh, el abogado asignado al caso de Abdel-Saud, la familia recibió una llamada de un agente de seguridad del Estado cuatro días después, el 3 de septiembre, para pedirles que fueran a retirar su cadáver en su jefatura de Tebnin, en el sur de Líbano. Sablouh y la familia se negaron a hacerse cargo del cuerpo si no recibían previamente un informe forense independiente y exhaustivo del doctor que ha examinado el cadáver.
Tras la conmoción causada por las imágenes y los vídeos filtrados, que revelan hematomas y cortes profundos por todo el cuerpo de Abdel-Saud, la seguridad del Estado emitió una declaración en la que se afirmaba que había sido detenido por posesión de un billete falso de 50 dólares y que antes de morir había “confesado” ser miembro del ISIS. También se afirmaba que el caso sería objeto de una investigación interna.
El 2 de septiembre, el comisionado gubernamental del tribunal militar examinó el cuerpo y ordenó la detención de cinco agentes de la sección de seguridad del Estado en Tibnin, incluido el teniente al mando y los agentes sospechoso de haber cometido tortura.
Mohammed Sablouh dijo a Amnistía Internacional que las autoridades habían acusado hasta entonces a Abdel-Saud de tres cosas: “Dijeron que tenía moneda falsa, dijeron que consumía y comerciaba con Captagon, y dijeron que era miembro del ISIS. Todo esto es mentira. Necesitamos una investigación transparente en el tribunal civil para saber qué ha ocurrido y quién ha de rendir cuentas.”
Bashar Abdel-Saud tenía 30 años cuando murió y tres hijos, uno de ellos de un mes. Había desertado el ejército sirio hace ocho años y se había trasladado a Líbano donde trabajaba como portero. Vivía con su familia en el campo de Sabra y Shatila para personas refugiadas en Beirut.
Su tortura no ha sido un caso aislado. En marzo de 2021, Amnistía Internacional publicó un informe que documentaba una serie de violaciones de derechos humanos contra 26 personas refugiadas sirias, entre ellas cuatro menores de edad, recluidas por cargos relacionados con el terrorismo entre 2014 y principios de 2021. Entre las violaciones de derechos humanos había juicios injustos y tortura, que incluía palizas con barras de metal y tuberías de plástico. Las autoridades no investigaron las denuncias de tortura, ni siquiera en los casos en que las personas recluidas o sus abogados contaron ante un juez en el tribunal que habían sido torturadas.
El caso de Abdel-Saud recuerda el de Ziad Itani, actor libanés que fue detenido por el organismo de seguridad del Estado en diciembre de 2017 por cargos falsos de espiar para Israel antes de ser juzgado ante un tribunal militar. Itani afirmó que agentes de seguridad del Estado lo sometieron a graves torturas, incluidos golpes con cables eléctricos, sujeción con cadenas metálicas, patadas y puñetazos en la cara y amenazas de violación. Itani presentó una denuncia contra ellos en noviembre de 2018 pero no se ha tomado ninguna medida adicional para investigar de manera efectiva la tortura que sufrió.
“Durante el último examen de Líbano por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en 2021, el gobierno libanés se comprometió a aplicar la ley contra la tortura, a investigar todas las denuncias de tortura y otros malos tratos, a hacer rendir cuentas a los autores de tales actos y a anular las confesiones obtenidas mediante tortura. Pero la impunidad por actos de tortura sigue siendo habitual, y las decenas de denuncias relacionadas con tortura y otros malos tratos presentadas en virtud de la Ley contra la Tortura de 2017 casi nunca llegan a los tribunales, y la mayoría de cierran sin una investigación efectiva. Ha llegado la hora de poner fin a esto.” Ha afirmado Heba Morayef.
Información complementaria
Líbano ratificó la Convención contra la Tortura (CAT) y su Protocolo Facultativo en 2000 y 2008, respectivamente. En cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la CAT, Líbano aprobó una ley contra la tortura en 2017, por la que la tortura constituye delito.
En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, el personal militar sólo debe ser juzgado ante tribunales militares por infracciones de la disciplina militar. En virtud de la legislación libanesa sobre tortura, la facultad de enjuiciar, investigar y juzgar se concede de forma exclusiva a los tribunales civiles ordinarios. Asimismo, la prohibición de la tortura es aplicable cualquier que sea la naturaleza del presunto delito.