Las autoridades de Túnez deben retirar de inmediato todos los cargos contra Salah Attia, periodista detenido y actualmente juzgado por un tribunal militar en relación con unos comentarios que había hecho públicamente sobre el presidente Kais Saied y las fuerzas armadas; así lo ha afirmado hoy Amnistía Internacional. La próxima vista del juicio de Attia será el 16 de agosto.
Attia lleva ya dos meses en detención y podría tener que cumplir hasta siete años de cárcel si es declarado culpable. Está entre los últimos de una serie de disidentes de renombre, opositores políticos y presuntos enemigos del presidente a quienes las autoridades han investigado, procesado, prohibido viajar o detenido arbitrariamente desde que Saied reclamó para sí amplios poderes excepcionales el 25 de julio de 2021.
“Las autoridades tunecinas tienen toda la libertad para rebatir lo que los medios de comunicación publican sobre ellas sin detener y procesar a periodistas. Sea como sea, ningún civil debe ser juzgado ante los tribunales militares de Túnez. Esta parodia de la justicia debe acabar”, ha dicho Amna Guellali, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y Norte de África.
“Aunque el presidente Saied ha prometido reiteradamente respetar los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, la persecución de Salah Attia por las autoridades transmite a los periodistas el mensaje de que informar sobre el presidente y las instituciones del Estado conlleva riesgos. Las autoridades deben poner en libertad de inmediato a Salah Attia y retirar los cargos falsos contra él.”
Attia, dueño y director del diario digital Al Ray Al Jadid radicado en Túnez, intervino como invitado en un programa informativo de Al Yazira el 10 de junio de 2022. Durante la emisión del programa, dijo que el presidente Saied había pedido al ejército que cerrara las oficinas de la Unión General Tunecina del Trabajo (Union Générale Tunisienne du Travail, UGTT), el mayor sindicato de Túnez, pero que el ejército se había negado a hacerlo y había informado al sindicato. El sindicato lo ha negado. Attia dijo asimismo que el ejército había denegado a Saied la petición de someter a arresto domiciliario a varios dirigentes políticos sin especificar.
El 11 de junio, la policía de Túnez detuvo a Attia. Dos días más tarde, el Tribunal Militar de Primera Instancia abrió una investigación contra él en relación con la emisión del 10 de junio. Un juez militar ordenó su detención, y desde entonces permanece bajo custodia.
Dos días más tarde, el tribunal abrió una investigación contra Attia por incitación a la violencia armada, “acusar a una autoridad pública de actos ilegales sin pruebas”, “denigrar al ejército” y “dañar o perturbar a terceros a través de redes de telecomunicaciones”.
El 26 de julio, en la sesión de apertura del juicio de Attia, el juez retiró el cargo de incitación a la violencia armada, que acarrea la pena de muerte, pero mantuvo los otros tres, según el equipo de defensa de Attia. Estos tres cargos comportan penas de prisión.
“Los periodistas no deberían tener que temer represalias por parte de las autoridades por informar, a pesar de lo crítica, comprometedora o desagradable que sea su labor informativa para las autoridades”, ha afirmado Amna Guellali.
El artículo 9 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) —tratados ratificados por Túnez— garantizan el derecho a la libertad de expresión, que, según el PIDCP, comprende la libertad de “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole”. Toda restricción impuesta sobre este derecho debe ser proporcional y estrictamente necesaria para alcanzar un fin legítimo y estar prevista en la ley.
Además, el Comité de Derechos Humanos de la ONU declara en su Observación general núm. 34 que los gobiernos “no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la administración”.
La difamación debe tratarse siempre por la vía civil, no penal, y nunca debe imponerse una pena de privación de libertad a quien resulte culpable de difamación.
En un informe publicado el 20 de abril de 2010, el relator especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión pidió a los gobiernos que despenalizaran la difamación y afirmó que “en el caso de funcionarios públicos y en lo relativo al desempeño de su cargo, no cabe ninguna acción penal o civil por difamación”.
El artículo 14 del PIDCP garantiza el derecho a juicio “ante un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por ley”. Dado que el presidente de Túnez tiene la última palabra sobre el nombramiento de jueces y fiscales en el sistema de justicia militar, los tribunales militares de Túnez no cumplen el requisito de independencia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.
Información complementaria
El 25 de julio de 2021, el presidente Saied disolvió el Parlamento, destituyó al ex primer ministro Hichem Mechichi y reclamó amplios poderes excepcionales que, según él, le otorgaba la Constitución.
El 22 de septiembre de 2021, Saied emitió el Decreto Presidencial 2021-117, que suspendía la mayor parte de la Constitución tunecina de 2014 y le otorgaba atribuciones sin control para gobernar por decreto. También disolvió un órgano provisional encargado de comprobar la constitucionalidad de las leyes y prohibió perseguir legalmente la anulación de sus decretos leyes.
Desde entonces, Saied ha disuelto el Parlamento y debilitado o desarticulado salvaguardias institucionales críticas para los derechos humanos, entre ellas la independencia del poder judicial. El número de civiles procesados ante tribunales militares, incluso por “delitos” como criticar públicamente al presidente, también ha aumentado drásticamente.
Además, Saied ha supervisado —mediante un proceso opaco— la redacción de una nueva Constitución con disposiciones que amenazan los derechos humanos. La nueva Constitución se aprobó mediante referéndum popular el 25 de julio de 2022.