Columna de opinión publica en Endi.com
A principios de año la realidad mundial cambió ante la llegada de la pandemia COVID-19. Este nuevo panorama agravó la crisis de derechos humanos especialmente entre las poblaciones más vulnerables. La ineficiencia de las agencias gubernamentales para atender la crisis intensificó la desigualdad social e hizo evidente la vulnerabilidad del sistema de salud público.
Hoy, Día Internacional de los Derechos Humanos, es preciso reflexionar sobre los efectos de la pandemia en el disfrute de los derechos de las personas. También exigir al nuevo gobierno, que tiene representatividad de voces que luchan por los derechos humanos, impulse una verdadera agenda de cambio.
En los primeros meses de la pandemia aumentaron los casos de violencia de género en la región de las Américas. Este año las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico han reflejado un aumento que incluye los feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia doméstica y crímenes de odio en especial contra la comunidad Trans. A pesar de las advertencias por organizaciones feministas y profesionales del riesgo que representaba el encierro para esta población, el Gobierno fue incapaz de establecer mecanismos adecuados para proteger sus vidas. En lo que va del año 2020 hay 55 casos de feminicidios. Aún queda pendiente la declaración de un Estado de Emergencia y la incorporación de la perspectiva de género como política pública transversal en todas las agencias gubernamentales, particularmente en el Departamento de Educación.
En cuanto a las medidas utilizadas por la Policía para intentar detener la propagación del virus en muchos casos fueron desproporcionadas y sin base científica sobre la efectividad de su implementación. La actual orden ejecutiva establece bloqueos que violentan el derecho a la intimidad. El Gobierno ha demostrado su incapacidad para crear planes de seguridad que cumplan su cometido de cuidar la salud y a su vez protejan los derechos fundamentales de las personas.
De otra parte, los profesionales de la salud han expresado sus preocupaciones ante el exceso de trabajo y la falta de equipo de protección que garanticen hacer su labor sin arriesgar sus vidas. Según un análisis de Amnistía Internacional, en el mundo han muerto al menos 7.000 profesionales de la salud tras contraer la COVID-19.
En Puerto Rico según información publicada en la prensa han muerto unas 10 enfermeras y 5 médicos. Muchos más profesionales de la salud han contraído el virus en sus centros de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras sanitarios son pieza clave en nuestro sistema de salud. El Gobierno debe garantizar una compensación adecuada a todos los profesionales de la salud y esenciales que hayan contraído la COVID-19 como consecuencia de su actividad laboral. También tienen derecho a un lugar de trabajo seguro, a condiciones de trabajo dignas y a expresarse y realizar su trabajo libremente.
Ahora una de las grandes preocupaciones es el acceso a la vacuna, en especial en los lugares más empobrecidos del mundo. Las vacunas contra COVID-19 deben estar disponibles para toda la población con independencia de su lugar de residencia y de sus ingresos. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los países tienen la obligación de trabajar juntos para responder a la pandemia y los países más ricos tienen la responsabilidad especial de ayudar a las personas que tienen menos recursos.
Un grupo de organizaciones entre los que se encuentra Amnistía Internacional ha advertido que casi 70 países sólo podrán vacunar a una de cada diez personas contra el COVID-19 el año que viene si los gobiernos y la industria farmacéutica no toman medidas urgentes para garantizar la producción de dosis suficientes.
Amnistía Internacional Puerto Rico reitera su compromiso con alzar la voz ante cualquier asunto que violente los derechos humanos. La recuperación post Covid-19 debe ser justa y estar centrada en proteger la vida de las personas