El movimiento Amnistía Internacional Puerto Rico (AIPR) asegura que el gobierno recién electo recibió un mandato del pueblo para garantizar y defender los derechos humanos, puesto que prevalecieron en la contienda electoral candidatxs que promueven una agenda de justicia y equidad en el país.
“La representatividad de diferentes voces que luchan por los derechos humanos se hizo evidente en estas elecciones. Esperamos que estos cambios impulsen una verdadera agenda de derechos humanos para garantizar y defender los derechos de las personas y atender con premura las violaciones de derechos humanos que se vienen agudizando,” indicó Liza Gallardo, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Puerto Rico.
Gallardo enfatizó que el gobierno entrante tiene que trabajar con una crisis de derechos humanos que ha sido agravada por los huracanes, terremotos y la pandemia del COVID-19. “Todas estas situaciones y la ineficiencia de las agencias para atenderlas, han recrudecido la desigualdad social y la violencia que afecta de manera desproporcionada a las comunidades empobrecidas de este país. A esto le sumamos la posibilidad de que se implementen en los próximos años medidas de austeridad que afecten los derechos esenciales de las personas,” expresó la directora.
Gallardo reitera que debe ser una prioridad para la agenda del gobierno entrante el acceso a una vivienda digna y segura para los miles de personas afectadas por los huracanes y terremotos. A pesar de las ayudas económicas asignadas por el gobierno federal tras el paso de dos huracanes en el 2017, miles de personas aún viven en condiciones de inseguridad y pobreza. Según expresó, “Hay familias esperando por ayudas prometidas para reparar o construir sus viviendas sin la certeza de que esto ocurra. Las iniciativas federales se han caracterizado por su burocracia y procesos injustos que han impedido una recuperación justa después de los eventos catastróficos.”
Por otro lado, la experiencia de los huracanes Irma y María dejó claro que Puerto Rico no está ajeno a las consecuencias del cambio climático, por lo que Amnistía Internacional empezó a trabajar el tema de Justicia Climática como una prioridad. Al respecto, Gallardo expresó lo siguiente: “La crisis climática también es un asunto de derechos humanos porque amenaza la vida misma. El gobierno tiene que tener un plan a largo plazo que mitigue su efecto, pues afecta de manera desproporcionada a las comunidades empobrecidas. Además, el gobierno no puede ser cómplice de crímenes ambientales, como el depósito de cenizas de carbón en comunidades vulneradas y la más reciente tala de árboles en espacios públicos. Estas acciones tienen consecuencias negativas sobre la salud y el medioambiente, y no cuentan con un plan de acción para disminuir el daño ambiental, respectivamente.”
Otros asuntos que Gallardo catalogó como urgentes son la declaración de un Estado de Emergencia por el recrudecimiento de la violencia de género y la incorporación de la perspectiva de género como política pública transversal en todas las agencias gubernamentales, particularmente en el Departamento de Educación.
“Este año las estadísticas del Observatorio de Equidad de Género han reflejado un aumento de violencia de género que incluye los feminicidios, desapariciones de mujeres, violencia doméstica y crímenes de odio. A su vez, se siguen perpetuando los estereotipos y prejuicios sistemáticos en casos de violaciones contra mujeres y asesinatos violentos de personas trans. Aún siguen sin esclarecer la mayoría de estos crímenes, entre ellos el de Alexa, que conmovió a todo el país,” añadió.
A su vez, la directora ejecutiva defendió la implementación de la perspectiva de género como política pública, en especial en el sistema educativo. “El pasado gobierno eliminó la carta circular, echando por la borda el trabajo de expertos y organizaciones que recomendaban su implementación para alcanzar la equidad y eliminar el acoso desde la escuela. La falta de educación sobre los diferentes géneros y el perpetuar estereotipos en la sociedad es la puerta para discriminar contra poblaciones como la LGBTTQIA+ y que se sigan repitiendo patrones de violencia machista en el país”, dijo Gallardo.
Por otra parte, Gallardo reflexionó sobre las protestas que ocurrieron en el verano del 2019 y el rol de la Policía en la violación del derecho a la libertad de expresión y asociación: “Aún la Policía de Puerto Rico tiene mucho por hacer para incluir la perspectiva de los derechos humanos en su Reforma. La fuerza policial debe desistir de la práctica de intimidar a las personas que protestan con el uso excesivo de la fuerza, lo que incluye un despliegue de policías desproporcionado en comparación a la cantidad de personas manifestándose. Al igual, denunciamos las detenciones arbitrarias a defensorxs de los derechos humanos y el uso del gas lacrimógeno, que es condenado por leyes internacionales de derechos humanos”.
Amnistía Internacional Puerto Rico reitera su compromiso con alzar la voz ante cualquier asunto que violente los derechos humanos en el país. Tenemos las esperanzas centradas en que este nuevo gobierno escuche y acoja los reclamos de la ciudadanía y de organizaciones de derechos humanos que existen para participar de la construcción de una sociedad más justa, digna y equitativa.