Por: Liza Gallardo Martín, Directora de Amnistía Internacional Puerto Rico
Crédito Foto: @carla_mpmv Carla Margarita
En medio de la crisis política que vive Puerto Rico como consecuencia de los arrestos por corrupción y la filtración de un escandaloso chat entre el Gobernador y personas allegadas a su administración el pueblo merece transparencia y rendición de cuentas. Los señalamientos de corrupción por parte de funcionarios del gobierno que se supone trabajen por el pueblo no es algo nuevo. Al contrario, desgraciadamente es una historia que se repite con cada administración independientemente del partido de turno. La corrupción afecta la legitimidad del gobierno y restringen el pleno goce de los derechos humanos de los ciudadanos. ¿Por que se repite una y otra vez la historia? Por un lado la impunidad y por otro la falta de mecanismo efectivos para erradicar la corrupción.
La corrupción gubernamental violenta los derechos humanos en particular de aquellos grupos desfavorecidos que necesitan de los servicios del gobierno ante la imposibilidad de costear servicios privados. La transparencia en las actividades gubernamentales es fundamental para combatir la corrupción. El controvertible chat que contiene expresiones sexistas, homofóbicas y muchas más expresiones que hieren la sensibilidad y dignidad de las personas no se resuelve con un simple disculpa. Es que se haga una investigación imparcial e independiente para que de haber comisión de delito por alguna de las personas que participaron rindan cuentas al país.
La impunidad impulsa y perpetúa los actos de corrupción. Por lo general, la impunidad se debe a la falta de voluntad política para investigar los actos de violaciones que en muchos casos el propio Gobierno es quien los ha cometido, fomentando o consentido. Cuando hay impunidad no se puede hablar de defensa de derechos humanos, al contrario, es un abandono a los derechos como pieza fundamental en los programas o políticas nacionales.
Cuando en un país el Gobierno se permite la impunidad especialmente por casos de corrupción está negando la justicia a sus víctimas que por lo general son sus ciudadanos. Además, este tipo de acción crea las condiciones adecuadas para que personas inescrupulosa sigan cometiendo actos de corrupción sin temor a ser arrestados, procesados o ser castigados.