El Consejo de Derechos Humanos aprueba el resultado del examen periódico universal de la República Dominicana
Amnistía Internacional ve con beneplácito que la República Dominicana haya aceptado las recomendaciones relativas a combatir todas las formas de discriminación, por medios como aprobar una exhaustivo proyecto de ley contra ella, e insta al gobierno a situarse entre los primeros Estados independientes caribeños que aprueban legislación que garantiza el derecho de todas las personas a la igualdad y a no sufrir discriminación.
De acuerdo con estas recomendaciones, el gobierno debe garantizar que dicha ley se somete a amplia consulta con la sociedad civil y que es compatible con las normas internacionales de derechos humanos, a fin de proteger a los grupos marginados históricamente de la discriminación institucionalizada y social.
Amnistía acoge también con beneplácito que la República Dominicana haya aceptado las recomendaciones relativas a aumentar la protección de los derechos sexuales y reproductivos. Su aceptación es un avance en lo que respecta a garantizar que todas las mujeres y las niñas del país tienen acceso a servicios de aborto legal y sin riesgos.
Aunque la República Dominicana se ha comprometido a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas por los agentes encargados de hacer cumplir la ley, es lamentable que haya rechazado la recomendación específica de garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y poner fin a la impunidad en estos casos.
Amnistía Internacional ha documentado cómo la policía viola, golpea y humilla de manera habitual a mujeres cisgénero y transgénero que realizan trabajo sexual, como forma de castigo. Estas violaciones de derechos humanos cometidas por agentes estatales pueden constituir tortura y malos tratos por razones de género.
Amnistía insta al gobierno a ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y a elaborar un protocolo nacional de investigación de las denuncias de tortura y otros malos tratos, de acuerdo con el Protocolo de Estambul.
Lamentablemente, la República Dominicana ha rechazado la recomendación de garantizar el derecho a la nacionalidad y al acceso a documentación de identidad apropiada a las personas dominicanas de ascendencia extranjera, en la mayoría de los casos haitiana. El gobierno tiene todavía que reconocer el problema de la apatridia. La Ley 168-14, concebida con objeto de mitigar los duros efectos de la Sentencia 168-13, ha resultado insuficiente como respuesta a la crisis de apatridia creada por años de políticas y prácticas discriminatorias.
Amnistía pide al gobierno que expida documentos de identidad a todas las personas del Grupo A de la Ley 168-14 sin obstáculos administrativos ni trato diferente infundado y que trabaje en colaboración con la sociedad civil para buscar soluciones a las miles de personas que son apátridas.