Respeto por los derechos sexuales y reproductivos de todas las mujeres en el mundo

Durante el día de hoy activistas de la sección local de Amnistía Internacional junto a organizaciones aliadas nos movilizamos a espacios públicos para unirnos al Pañuelazo Puertorriqueño en apoyo a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina. La reforma legislativa por el aborto legal será discutida hoy y de aprobarse despenalizaría totalmente el aborto hasta la semana 14 de gestación. Esta campaña es importante para todas las organizaciones de la región de América Latina y el Caribe que luchamos para garantizar el acceso al derecho del aborto y la protección del mismo. En Argentina el aborto inseguro es la primera causa de mortalidad materna y se estima que se realizan un promedio de entre 486 mil y 522 mil abortos clandestinos al año. Esto ha causado que mujeres y niñas continúen poniendo en riesgos sus vidas y salud por la falta de acceso a los abortos seguros. De aprobarse la reforma, sería un avance no solo para Argentina, sino para la región en donde prevalece una tendencia a restringir o condenar este derecho.
Amnistía Internacional durante su Asamblea Global celebrada recientemente adoptó nuevas posturas de políticas sobre el aborto que pedirá a los Estados que no se limiten a despenalizarlo, sino que garanticen el acceso a un aborto seguro y legal de una manera amplia que respete plenamente el derecho de todas las mujeres, las niñas y las personas que puedan quedar embarazadas. Los abortos inseguros siguen siendo una de las principales causas de muerte materna en el mundo y se estima que cada año se llevan a cabo 25 millones de abortos de este tipo.
Esta nueva postura permitirá hacer frente a las nefastas consecuencias para los derechos humanos que tiene los intentos de los países por penalizar y restringir el derecho al aborto. De acuerdo a un informe de Amnistía Internacional de 2016 más del 97% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe viven en países en los que el aborto está restringido por Ley. El aborto no está permitido bajo ninguna circunstancia en República Dominicana, El Salvador, Honduras y Nicaragua. Con algún tipo de limitación el aborto es permitido en Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú. Mientras que en los países donde el aborto es permitido están Cuba, Uruguay, México D.F., Guyana y Puerto Rico.
En Puerto Rico, a pesar de que el aborto es legal, no es del todo accesible. El alto costo del servicio y la distancia geográfica para acceder una clínica representan grandes barreras para las personas que deciden que el aborto es la decisión idónea en su caso. A pesar de estas limitaciones, se ha sometido un proyecto de ley al senado que limitaría aún más el derecho al aborto en Puerto Rico. Actualmente, está ante la consideración de la Legislatura el Proyecto del Senado 950, del 7 de mayo de 2018, “Ley Para la Protección de la Mujer y la Preservación de la Vida” dentro de los procedimientos de aborto en Puerto Rico. Dicho proyecto, lejos de proteger a la mujer violenta los estándares de derechos humanos en materia de derechos sexuales, derechos reproductivos, y derecho a la intimidad. Los derechos sexuales y los derechos reproductivos forman parte del espectro de los derechos humanos.
El P. del S. 950 insiste en criminalizar el aborto en todas las circunstancias. Este crea nuevos delitos y aumenta las sanciones que consisten en multas o privación de la libertad. Por ejemplo, tiene la exigencia de ofrecer un ultrasonido del embarazo; si el proveedor no cumple con esta condición la pena dispuesta es de un año de reclusión. El proyecto no contempla nada en caso de que la terminación del embarazo sea producto de una violación, incesto o agresión sexual.
De otra parte, la medida busca limitar el acceso a los servicios relacionados al aborto, incluso en casos en los que la vida de la persona embarazada o feto estén en riesgo. En caso de los menores de edad el proyecto exige el consentimiento de un adulto. También contiene la exigencia excesiva de un periodo de espera de 48 horas añade una carga emocional y a la vez económica en las personas que buscan el servicio del aborto.
Amnistía Internacional Puerto Rico junto a otras organizaciones y profesionales de la salud, se opone a este proyecto porque interfiere indebidamente en los derechos sexuales, los derechos reproductivos, el derecho a la intimidad y los derechos de las mujeres. Ante las amenazas a estos derechos que se producen en nuestros países de América Latina tenemos que movilizarnos y estar presente con otras organizaciones para exigir que se respeten y garanticen. Como organización defensora de los derechos humanos nuestro mensaje es claro, que ni en Argentina, Puerto Rico o cualquier otro parte del mundo se limite el derecho al acceso al aborto libre y seguro.

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