Las autoridades bielorrusas detuvieron a decenas de manifestantes pacíficos y periodistas por todo el país a lo largo del fin de semana, en una escalada masiva de su campaña represiva contra la libertad de expresión y de reunión pacífica, ha afirmado hoy Amnistía Internacional.
Según información publicada en los medios de comunicación, al menos 48 manifestantes, entre los que había dirigentes de la sociedad civil y periodistas independientes, fueron detenidos los días 10, 11 y 12 de marzo en relación con las manifestaciones celebradas en las ciudades de Babruisk, Kobryn, Brest, Luninets y Maladzechna. Las marchas con el lema
“No somos parásitos” se habían convocado contra el llamado “impuesto para parásitos sociales” dirigido a las personas desempleadas.
“Con el estrangulamiento de libertades fundamentales en Bielorrusia, hacía años que no veíamos manifestaciones de esta magnitud, que aparentemente han cogido desprevenidas a las autoridades bielorrusas”, ha dicho John Dalhuisen, director regional de Amnistía Internacional para Europa y Asia Central.
“Después de permitir en un primer momento que siguieran adelante las protestas contra el polémico impuesto sobre las personas desempleadas, las autoridades han vuelto a su acostumbrada reacción visceral de detener a manifestantes pacíficos. Es una escalada preocupante, y la detención arbitraria de voces disidentes debe terminar de inmediato.”
“Las autoridades bielorrusas no deben reprimir a los disidentes pacíficos sólo por atreverse a expresar en voz alta su opinión. En lugar de detenerlos, deben respetar el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica. Todas las personas detenidas durante las manifestaciones por expresar de manera pacífica sus críticas al gobierno deben quedar en libertad de inmediato”, ha manifestado John Dalhuisen.
Información complementaria
Las protestas estallaron en Bielorrusia a mediados de febrero, cuando cientos de miles de bielorrusos desempleados recibieron facturas fiscales en aplicación del Decreto Presidencial “sobre Prevención de la Dependencia Social”. Aprobado en 2015 para combatir lo que las autoridades calificaron de “parasitismo social”, el Decreto introduce un impuesto especial para las personas que estén desempleadas y lleven más de seis meses sin pagar ninguna contribución fiscal. La cuantía de este impuesto de pago único asciende a 460 rublos bielorrusos (245 dólares estadounidenses). El impago del impuesto puede conllevar detención administrativa y servicios comunitarios obligatorios, lo que podría equivaler a una forma de trabajo forzado.
Tras el primer aluvión de protestas, el presidente Alexander Lukashenko anunció la suspensión del decreto durante un año para “corregirlo”. No hubo detenciones en esas primeras manifestaciones, pero la policía interrogó al menos a 18 personas y un juez les impuso multas administrativas por asistir a una concentración “no autorizada”.
Los días 10, 11 y 12 de marzo, al menos 48 personas fueron detenidas en todo Bielorrusia, incluidos organizadores de las protestas, otros manifestantes y periodistas independientes.
El sábado, un tribunal de Maladzechna, en el centro de Bielorrusia, impuso 15 días de detención administrativa a los activistas Yury Hubarevich, Anatol Liabedzka y Vital Rymasheuski y 5 días de detención administrativa a la activista Volha Kavalkova por participar en una “reunión no autorizada”. A otras 11 personas de Maladzechna les impuso multas administrativas.
El 12 de marzo, la policía detuvo a un grupo de dirigentes de la oposición y al menos tres periodistas en Vorsha (este de Bielorrusia). Entre los detenidos se encuentra Pavel Sevyarynets, que en el pasado fue adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional. Estaban en espera de que se celebrara su juicio el lunes.
También estaba previsto celebrar el lunes en Brest (oeste de Bielorrusia) los juicios de los activistas detenidos Andrey Denyushkin, Ruslan Khalikau, Z’mitser Levchuk, Uladzimir Asinchak y Kanstantsin Kopat, y de los blogueros Z’mitser Garbunou y Syarhey Petrukhin.