Amnistía Internacional Estados Unidos presenta hoy una campaña para instar a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) a poner en libertad a varias familias con niños y niñas de corta edad detenidas en la Residencia del Condado de Berks (Pensilvania). Cuatro de los 35 menores que están detenidos en Berks –de tres, cuatro, siete y 16 años de edad– llevan más de 500 días en el centro, a pesar de tener solicitudes de residencia legal permanente pendientes de tramitación.
El 9 de marzo, AI Estados Unidos envió una carta a la ICE pidiendo que se concediera a estas familias la libertad condicional y está movilizando a sus más de 1,2 millones de miembros y simpatizantes en Estados Unidos para que llamen a este organismo y pidan que se ponga en libertad a las familias.
“Estos cuatro niños han pasado una parte importante de sus vidas prácticamente entre rejas. Estados Unidos no puede seguir tratando como delincuentes a personas que huyen de terribles situaciones de violencia”, ha dicho Margaret Huang, directora ejecutiva de AI Estados Unidos.
“Estas familias fueron detenidas bajo la ilegal política del gobierno Obama de emplear la detención como factor de disuasión contra quienes huyen de la violencia y la inseguridad. Ahora, en vista de las agresivas e inhumanas órdenes ejecutivas sobre migración del presidente Trump, nos preocupa mucho la situación de estas familias y de otras como ellas en Estados Unidos. Lucharemos para garantizar que las personas con solicitudes de asilo pendientes de tramitación tienen acceso a una vista justa y reciben un trato humano. Debemos hacer todo lo que podamos para garantizar la protección de las personas que huyen de la violencia.”
Personal de investigación de Amnistía Internacional ha colaborado estrechamente con el equipo jurídico que representa a las familias recluidas en el centro del condado de Berks, uno de los tres centros de detención para familias que gestiona el gobierno estadounidense. En la actualidad, en Berks hay 34 familias, 15 de las cuales llevan allí más de un año. Muchas proceden de la zona conocida como triángulo norte de Centroamérica: El Salvador, Guatemala y Honduras. El triángulo norte es una zona reconocida por sus extremos niveles de violencia e inseguridad, que Amnistía también ha documentado ampliamente.
Josué* tiene tres años y ha pasado más de la mitad de su vida detenido. Aprendió a andar y a hablar mientras estaba recluido. Tanto él como su madre Teresa, de 28 años, han pasado 16 meses (500 días de momento) en Berks. Josué y su madre huyeron de amenazas de secuestro y de la agresión física y sexual en Honduras y llegaron a Estados Unidos buscando asilo. “[Mi hijo…] es muy pequeño, sólo tenía 22 meses cuando llegó y ahora tiene tres años”, ha dicho Teresa a sus abogados.Carlos, de cuatro años, y su madre Lorena, de 34, huyeron de amenazas, intimidación y violencia de género grave y reiterada en Honduras. Llevan 16 meses detenidos.Antonio, de siete años, y su madre Marlene, de 24, son de los que llevan más tiempo detenidos en Berks: hasta ahora 550 días. Marlene recuerda, en su décimoctavo mes de detención, que Antonio ya ha pasado dos navidades bajo custodia. “No es justo que un niño pase año y medio encarcelado”, afirma, y añade que el efecto de esa detención prolongada les está pasando factura: “El efecto psicológico que esto tiene en una persona y en sus hijos […] ya no podemos aguantar más”.Michael, de 16 años, es el menor de más edad que está en este centro del condado de Berks. Él y su madre Maribel, de 41 años, llevan casi 17 meses detenidos. A Michael lo intentaron reclutar las maras en El Salvador y lo amenazaron de muerte. Tras constantes amenazas de muerte a la }familia, el muchacho y su madre huyeron a Estados Unidos para pedir asilo allí. Ahora, Michael quiere ser policía.
A estos cuatro niños se les concedió el estatuto especial para inmigrantes menores de edad (SIJS, por sus sigla en inglés) a finales de 2016. Con este estatuto, un tribunal estatal ha determinado que no redunda en beneficio del menor devolverlo a su país por haber sufrido abusos, abandono o negligencia por parte de uno o ambos progenitores. En este caso se determinó que los menores “habían sido abandonados, sometidos a abusos o desatendidos por su[s] padre[s] […] por lo que su[s] madre[s] tiene[n] ahora la custodia y son responsables de cualquier decisión sobre su proceso judicial, su guardia y su custodia”. Por tanto, es fundamental que las madres queden en libertad junto con sus hijos.
Tres de los menores ya han obtenido su autorización de trabajo en enero de 2017, y otro está esperándola. Esto les permite solicitar un número de la seguridad social. Todos tienen solicitudes de residencia legal permanente pendientes de tramitación. Además, a sus madres la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito les concedió el aplazamiento de su expulsión mientras recurrían sus órdenes de expulsión ante los tribunales federales.
Cada una de las cuatro familias tiene un patrocinador no cuestionado en Estados Unidos que está preparado y dispuesto para acogerla y garantizar su comparecencia ante los tribunales. A pesar de esto, de que a los chicos se les ha concedido el SIJS y de tener pendiente su solicitud de residencia permanente legal, los funcionarios de la ICE se niegan a poner en libertad a estos cuatro niños y a sus madres.