En estas últimas semanas hemos visto como los activistas o aquellas personas que defienden una causa mediante la manifestación son tratados como delincuentes por el Estado. Los arrestos a manifestantes en contra del depósito de cenizas en un vertedero en Peñuelas y más recientemente a un grupo del Movimiento Resistencia de Playuela en Aguadilla son casos que demuestran la tendencia a criminalizar la protesta.
Igualmente preocupante es la intención de la administración actual de enmendar el Código Penal para limitar nuestras posibilidades de protestar y defender nuestros derechos.
Protestar no es un crimen, lo que estos manifestantes hacen no es un delito. Al contrario, están ejerciendo su derecho a expresar su preocupación genuina sobre la salud de su comunidad y la protección del medioambiente.
Las protestas o movilizaciones sociales son manifestaciones del ejercicio de la libertad de opinión y expresión proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En muchas ocasiones son la única forma en que sectores vulnerables pueden expresar sus opiniones y llevar al debate público situaciones que son invisibilizadas.
Debemos recordar que el acceso a los medios de comunicación no está disponible para todos de igual manera, así que grupos o personas recurren a otras formas de expresar una preocupación y denunciar una situación de injusticia que en muchos casos pasaría inadvertida y requiere la atención pública.
Lamentablemente en muchas ocasiones los manifestantes son percibidos como el “enemigo” y son estigmatizados llamándolos “revoltosos”, “problemáticos” o “radicales”. Sin embargo, muchos de los derechos que disfrutamos en la actualidad y damos por sentado, se han ganado en la calle con protestas y la resistencia de personas que hoy en día celebramos como héroes y heroínas, pero que en su momento también sufrieron estigma y hasta persecución.
La protesta es una herramienta para defendernos ante las injusticias y reclamar nuestros derechos. Las manifestaciones causan incomodidad ¿Y cómo no? Si su razón de ser es interrumpir abruptamente el “status quo” y llamar la atención del resto de la sociedad. De lo contrario, no cumplirían su propósito de alterar la normalidad y llevar al debate público la inconformidad expresada.
Imagínense la alternativa; de no poder protestar, de no poder levantar la voz contra la injusticia. ¿Da miedo,verdad? Sin embargo, esa es la realidad en muchos países.
Por eso, tenemos que exigir nuestro derecho a protestar contra las injusticias. Y si no protestamos, por lo menos mostrar nuestra solidaridad con las personas que sí lo hacen. Puede ser que una manifestación retrase la hora de llegada a nuestro destino, pero el precio de no poder protestar es demasiado alto.
*Esta columna fue publicada originalmente en El Nuevo Día en la sección de Tribuna Invitada.