La propuesta del presidente Donald Trump de suspender una innovadora ley de transparencia sobre los minerales de zonas en conflicto supone dar el visto bueno a prácticas empresariales fraudulentas y menoscabar gravemente las garantías globales de protección de los derechos humanos, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.
“La ley sobre los minerales de zonas de conflicto es esencial para romper los lazos entre los terribles abusos contra los derechos humanos que se cometen en África central y los productos de consumo como los teléfonos inteligentes. Al exigir a las empresas que sean transparentes al explicar de dónde reciben los minerales, la ley arroja luz sobre vergonzosas prácticas secretas de las empresas, que les permiten beneficiarse de los conflictos y los abusos. Suspenderla sería una bendición para las empresas irresponsables y para los perpetradores de violencia en países como República Democrática del Congo”, ha señalado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.
“La afirmación del presidente Trump de que la suspensión de estas esenciales garantías de protección de los derechos humanos servirá en cierto modo para proteger la seguridad nacional en Estados Unidos es manifiestamente ilógica y absurda. Es una propuesta vergonzosa, que amenaza con anular años de avances contra el comercio de minerales de zonas de conflicto.
“Las empresas a las que se aplica la ley sobre minerales de zonas de conflicto tienen que oponerse abiertamente a esta orden. De lo contrario también ellas se estarán poniendo de parte del presidente Trump en su determinación de ocultar prácticas empresariales fraudulentas.”