Las fuerzas de la Coalición encabezada por Estados Unidos que están lanzando ataques aéreos en Siria deben llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la información relativa a bajas civiles causadas por sus operaciones, y deben hacer públicas sus conclusiones. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.
Once ataques de la Coalición examinados por la organización parecen haber matado a unos 300 civiles durante dos años de ataques contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico.
Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han dado respuesta a un memorándum que Amnistía Internacional envió al Departamento de Defensa estadounidense el 28 de septiembre de 2016 para plantear preguntas sobre la conducta de las fuerzas de la Coalición en Siria. El memorándum recopila y analiza información de diversas fuentes, incluidos testigos presenciales de los ataques, que sugiere que el Mando Central estadounidense (CENTCOM), que dirige a las fuerzas de la Coalición en Siria, puede no haber tomado las precauciones necesarias para proteger a la población civil y puede haber llevado a cabo ataques ilegítimos que han matado y herido a civiles.
“Tememos que la Coalición encabezada por Estados Unidos esté subestimando considerablemente el daño causado a la población civil en sus operaciones en Siria”, ha manifestado Lynn Maalouf, directora adjunta de investigación de la Oficina Regional de Amnistía Internacional en Beirut.
“El análisis de los datos disponibles sugiere que, en todos estos casos, las fuerzas de la Coalición no tomaron precauciones adecuadas para minimizar el daño a civiles y a bienes de carácter civil. Algunos de estos ataques pueden constituir ataques desproporcionados u otro tipo de ataques indiscriminados.
“Es hora de que las autoridades estadounidenses digan la verdad sobre el pleno alcance de los daños civiles causados por los ataques de la Coalición en Siria. Deben llevarse a cabo investigaciones independientes e imparciales sobre cualquier posible violación del derecho internacional humanitario, y sus conclusiones deben hacerse públicas.”
Amnistía Internacional ha examinado la información a disposición pública procedente de organizaciones locales de derechos humanos y grupos de observación, así como la información publicada por los medios de comunicación, y, cuando ha sido posible, ha entrevistado a testigos presenciales, ha llevado a cabo análisis de imágenes por satélite, fotografías y grabaciones de vídeo, para reunir el mayor número posible de detalles sobre las circunstancias de 11 ataques lanzados por la Coalición encabezada por Estados Unidos en los que los datos sugieren que murieron hasta 300 civiles. Hasta el momento, el CENTCOM sólo ha reconocido una muerte en estos ataques.
La investigación y la documentación llevadas a cabo por destacadas organizaciones de observación y de derechos humanos –entre ellas la Red Siria de Derechos Humanos, Airwars, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el Centro de Documentación de Violaciones– señalan que la cifra total de civiles muertos por las fuerzas de la Coalición en Siria desde que comenzaron las operaciones podría ser hasta de 600, e incluso de más de 1.000.
Bajas civiles
Entre los incidentes más recientes destacados en el memorándum se encuentran tres ataques lanzados por la Coalición encabezada por Estados Unidos en junio y julio de 2016 en la zona de Manbij de la gobernación de Alepo, en el norte de Siria. En total, se sospecha que los tres ataques mataron a más de un centenar de civiles en los poblados de Al-Tukhar, Al-Hadhadh y Al-Ghandoura.
Se cree que el ataque contra Al-Tukhar, el 19 de julio, causó más pérdidas de vidas de civiles que cualquier otro ataque de la Coalición. Murieron al menos 73 civiles, entre ellos 27 niños y niñas, y unos 30 resultaron heridos.
El CENTCOM está investigando el ataque. En su memorándum a las autoridades estadounidenses, Amnistía Internacional ha planteado serias cuestiones sobre quiénes eran los objetivos previstos y qué medidas se tomaron para verificar la información o para comprobar si había civiles presentes en las cercanías antes de lanzar los ataques aéreos.
Los ataques aéreos lanzados algo más de una semana después, el 28 de julio, mataron al menos a 28 civiles, entre ellos siete niños y niñas, en el poblado de Al-Ghandoura, a 25 km al noroeste de Manbij. Los ataques alcanzaron un mercado público que aparece en un vídeo que Amnistía Internacional consiguió geolocalizar en la calle principal de Al-Ghandoura. En el vídeo y en otras fotografías se ven los cadáveres de muchos de los niños y niñas que resultaron muertos.
Un ataque lanzado por la Coalición encabezada por Estados Unidos que alcanzó dos casas en las que se refugiaban civiles en el poblado de Ayn al-Khan, cerca de Al-Hawl, en la gobernación de Al-Hasakah, norte de Siria, en la madrugada del 7 de diciembre de 2015, mató a 40 civiles, entre ellos 19 niños y niñas, e hirió al menos a otros 30, según las organizaciones locales de derechos humanos. Una noticia publicada en los medios de comunicación sugiere que en el ataque murieron también un número indeterminado de combatientes del Estado Islámico.
Amnistía Internacional pudo hablar con un superviviente del ataque, que contó que lo había despertado una fuerte explosión y que había corrido a excavar en los escombros en busca de supervivientes.
“La casa tembló y empezó a venirse abajo. Las ventanas se hicieron añicos […] Corrí afuera y vi la casa de mi vecino totalmente destruida. Oía a gente gritar debajo de los escombros”, contó.
Mientras ayudaba a sacar a los supervivientes, un helicóptero artillado lanzó un segundo ataque.
“En ese momento tenía en los brazos a un bebé de dos meses al que había rescatado. El ataque me hizo caer y soltar al bebé […] Caí en el agujero causado por el ataque aéreo. Aquello fue lo que me salvó […] Mi madre, mi tía, mi esposa y mis hijos (una hija de cuatro años y un hijo de dos y medio) murieron. También murieron la madre y el bebé al que había rescatado. Murieron todos menos yo”, dijo.
También contó que un oficial al mando de las fuerzas de la Unidad de Protección del Pueblo Kurdo (YPG) con el que los habitantes del poblado hablaron después del ataque les dijo que la YPG había advertido a las fuerzas de la Coalición de que había civiles en la zona.
Se cree que el ataque iba dirigido contra un grupo de combatientes del Estado Islámico que se habían instalado en una casa en los límites del poblado cinco días antes, y a los que luego se les unieron más combatientes.
Pese a los indicios que señalan las múltiples bajas civiles causadas, el CENTCOM no ha reconocido su responsabilidad, aunque admite que llevó ataques aéreos en las cercanías hacia esa misma hora. No está claro si la investigación iniciada rápidamente por el CENTCOM ha llegado a alguna conclusión.
En otro ataque lanzado el 11 de agosto de 2015, un bombardeo aéreo alcanzó un edificio en Atmeh, gobernación de Alepo, que un grupo armado estaba utilizando para fabricar morteros, pero destruyó también dos residencias civiles adyacentes, y mató a ocho civiles. Murieron seis niños y niñas de entre 4 y 17 años. Existe información contradictoria sobre si en el ataque murieron también o no 10 combatientes. El CENTCOM ha admitido que llevó a cabo el ataque, pero niega que hubiera bajas civiles.
Las imágenes por satélite obtenidas y examinadas por Amnistía Internacional señalan que las dos casas civiles quedaron totalmente destruidas, además del edificio utilizado por el grupo armado.
Talha al Amouri, testigo presencial, contó a Amnistía Internacional que su cuñada, madre de cinco de los niños fallecidos, estaba embarazada de ocho meses en el momento del ataque, y dio a luz a un bebé muerto a consecuencia de ello. Según contó Talha, él y su hermano habían ido a un comercio cercano y regresaron para encontrar a los niños enterrados bajo los escombros.
“¿Cómo podían saber que había una fábrica de munición, pero no que había casas civiles en las cercanías?”, dijo.
Aunque este ataque iba dirigido contra un objetivo militar legítimo, también destruyó casas vecinas y mató a ocho civiles, por lo que constituye un ataque desproporcionado.
“En vista de la presencia de casas civiles habitadas junto al objetivo, debería haber estado claro que el ataque constituía un riesgo importante –incluso de explosiones secundarias– para los civiles. Las autoridades estadounidenses deberían haber tomado medidas para minimizar ese riesgo, por ejemplo emitiendo una advertencia, si era factible, o retrasando el ataque hasta que se pudiera proteger adecuadamente a los civiles, o cancelándolo si tenía probabilidades de ser desproporcionado”, ha manifestado Lynn Maalouf.
Ahora que la campaña militar para recuperar de manos del Estado Islámico la ciudad de Mosul, en el norte de Irak, entra en su segunda semana, el temor de la población civil se intensifica. Las fuerzas de la Coalición encabezada por Estados Unidos están proporcionando apoyo terrestre y aéreo a la operación.
“Dado el probable incremento de los ataques aéreos de la Coalición como parte de la ofensiva iraquí para recuperar Mosul, es aún más acuciante que el CENTCOM mantenga una transparencia absoluta sobre el impacto de sus acciones militares en la población civil. Y es fundamental que se respete escrupulosamente el derecho internacional humanitario, lo cual incluye tomar todas las precauciones factibles para proteger a la población civil y minimizar el daño a las casas e infraestructuras civiles”, ha manifestado Lynn Maalouf.
Se cree que más de 200 civiles sirios han muerto en ataques de la Coalición durante la campaña lanzada en Siria para expulsar al Estado Islámico de Manbij, que es mucho más pequeño que Mosul.
La investigación llevada a cabo anteriormente por Amnistía Internacional sobre Pakistán y Afganistán también ha concluido que el ejército estadounidense no ha investigado de manera efectiva posibles violaciones del derecho internacional humanitario, y no ha reconocido la responsabilidad por las bajas civiles.
El hecho de que no se investiguen de forma adecuada y transparente los informes sobre bajas civiles y violaciones del derecho internacional humanitario incumple las normas internacionales y contrasta fuertemente con los compromisos formulados por el presidente Barack Obama en una Orden Ejecutiva de julio de 2016 relativa a abordar las bajas civiles causadas por operaciones militares estadounidenses. La falta de reconocimiento, disculpa o indemnización también es contraria a esta Orden Ejecutiva, en la que Estados Unidos se comprometía a reforzar las investigaciones posteriores a los ataques y a ofrecer condolencias e indemnización.