AUSTERIDAD, DERECHOS HUMANOS Y POBREZA

En estos últimos meses gran parte de la discusión pública se ha centrado en la llegada de la Junta de Control Fiscal (JCF), organismo con plenos poderes por encima del gobierno de Puerto Rico, que estaría encaminando una serie de medidas para reestructurar la deuda pública. Entre estas, las llamadas “medidas de austeridad”, que implicaría hacer severos recortes en los gastos del sector público que afectarían la prestación de servicios esenciales del gobierno como salud y educación.
La difícil situación fiscal de nuestra isla por supuesto que requiere de acciones concretas ahora, pero esto no justifica abandonar los derechos humanos. Especialmente los derechos económicos, sociales y culturales (DESC), que son los relacionados a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para llevar una vida digna. Entre ellos podemos mencionar el derecho al trabajo, a servicios de salud, a una vivienda digna y acceso a la educación. Estos son indispensables en momentos de crisis para evitar aumentar las desigualdades que arrastraría aún más a la pobreza a las poblaciones vulnerables como los ancianos, madres jefas de familia, incapacitados, inmigrantes y niños. Es por eso que recalcamos en la importancia de unas medidas de austeridad enmarcadas en los derechos humanos.
Las medidas que los Estados pueden tomar en tiempos de austeridad son la privatización de servicios públicos, políticas fiscales regresivas (impuestos), reducción de las pensiones y reformas laborales. La privatización de servicios públicos (ligados a los recortes en el gasto público) crea una inaccesibilidad en los servicios esenciales cuando también es acompañado con reducción en el salario de los trabajadores del sector público. Mientras que las políticas fiscales regresivas se refiere al alza de impuestos en el consumo y también en la eliminación o reducción de subsidios al consumo básico (como a la comida o a la gasolina), esta medida puede afectar directamente a la clase social pobre. En cuanto a las pensiones, pueden verse afectadas cuando se aumenta la edad para retirarse, cuando se reducen los niveles de beneficios y también cuando se restringe el derecho a esta. Por último, las reformas laborales se refiere a recortes de salarios, reducción de protecciones de los empleados, despidos de empleados y socavar las negociaciones colectivas con las uniones.
Las medidas de austeridad que profundizan las desigualdades sólo posponen los problemas que más tarde tendremos que atender a un costo económico y social demasiado alto. Es por eso que al articular dichas medidas los principios de derechos humanos, como la igualdad y proporcionalidad, deben estar contemplados para así evitar un impacto desproporcionado a los grupos marginados y vulnerables del país.

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