En el día de ayer, la fiscalía federal en San Juan informó que no “buscará la pena de muerte” contra Alfredo “Freddie” Umpierre Santiago, Juan “Vaquerito” Rosario Marrero, Elvin “Chino” Morales Ramírez, David “Davo” Vargas Santiago, John “Jan” Fermín Cortés y Javier “Javo” Ortiz Nieves. Estos casos eran elegibles a pena de muerte por el asesinato de un guardia de seguridad durante un robo. La determinación de la fiscalía federal no les exime de responsabilidad y el proceso legal continuará su curso, por lo que de encontrarse culpable a alguno de ellos enfrentaran condenas de cárcel incluyendo la cadena perpetua.
La Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte expresa su solidaridad con la familia de la víctima y reitera la importancia de que los hechos de violencia criminal no queden impunes. “Creemos que la determinación de la fiscalía federal es la correcta, puesto que la pena de muerte constituye un castigo ajeno a los derechos humanos, un proceso sumamente costoso, y se cuenta con otras alternativas para atender estos casos.” Manifestó el Lcdo. Edgardo Manuel Román Espada, Coordinador General de la Coalición. La tendencia general en los Estados Unidos está dirigida a la reducción de condenas a pena de muerte y ejecuciones.
No obstante, la Coalición manifiesta su preocupación debido que a esta fecha otras 20 personas acusadas de delitos federales en Puerto Rico son elegibles a la pena capital. Estos casos están pendientes del proceso de certificación en Washington. “Se trata de un número elevado de casos elegibles a pena capital, lo que constituye nuestra primera preocupación y requiere de nuestra denuncia.” Manifestó Román.
La pena de muerte es parte de la conducta criminal. Existen otras medidas de castigo como el encarcelamiento, lo cual hace innecesario su ejecución.
Exigimos y demandamos a la Jefa de la Fiscalía Federal que le requiera al Secretario de Justicia de los Estados Unidos el cese inmediato de certificaciones de casos provenientes de Puerto Rico en reconocimiento del repudio a la pena capital. La lealtad de los funcionarios públicos, sean federales o estatales, debe estar primero con la voluntad del pueblo; lo contrario es tiranía e imposición.
La Coalición estará atenta al desarrollo de los casos y de haber una convicción, iniciaremos manifestaciones en contra de la imposición de una pena de muerte. No hay caso apropiado, no es el momento de renunciar o re-negociar o condicionar nuestras convicciones.
Venganza no es justicia.