Amnistía Internacional ha pedido hoy a las autoridades de Bahréin que aprovechen la brillante celebración del Gran Premio de Fórmula Uno este fin de semana para poner en libertad de inmediato e incondicionalmente a todos los presos de conciencia que están recluidos sólo por expresar de forma pacífica sus opiniones, y para acabar con el hostigamiento de los activistas políticos y de derechos humanos.
A pesar de las promesas de reforma hechas en 2011 ante la ira de la población y las críticas internacionales tras la dura represión de las protestas multitudinarias por las autoridades, las ruedas de la represión siguen girando en Bahréin.
Las autoridades han restringido severamente el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión, no han abordado eficazmente el problema de la tortura y otros malos tratos de los detenidos y otros abusos policiales, y han dictado largas penas de cárcel y condenas a muerte tras juicios sumamente injustos. Además, han privado a los ciudadanos de Bahréin de su nacionalidad por imprecisos motivos de seguridad, convirtiéndolos en apátridas y expulsándolos del país.
Durante este fin de semana, las autoridades de Bahréin, como han hecho en años anteriores, utilizarán el acontecimiento deportivo del Gran Premio de Fórmula Uno para proyectar la imagen de un país abierto y comprometido con las reformas. Nada más lejos de la realidad.
Desde 2011 hay encarceladas destacadas figuras políticas. Otras que siguieron pidiendo reformas pacíficas o criticando la actuación de las autoridades han sido encarceladas tras juicios injustos. Sheikh Ali Salman, condenado a cuatro años de cárcel, Fadhel Abbas Mahdi condenado a cinco años, Ebrahim Sharif condenado a un año, y Zainab al-Khawaja, condenado a tres años y un mes son sólo unos cuantos ejemplos.
Otros que no están encarcelados tienen cargos pendientes contra ellos o se enfrentan a otras restricciones arbitrarias. A pesar de las reiteradas peticiones de organismos gubernamentales y no gubernamentales, el destacado defensor de los derechos humanos Nabeel Rajab no puede salir de Bahréin. Sheikh Maytham al-Salam, activo defensor de la libertad de expresión y de religión, lleva esperando un nuevo pasaporte desde enero de 2016. Aún no le han dicho el motivo del retraso a pesar de que ha solicitado información por lo menos nueve veces a las autoridades pertinentes del Ministerio del Interior. Tales prácticas constituyen restricciones arbitrarias de su libertad de circulación e interfieren con su trabajo en defensa de los derechos humanos. Tanto Sheikh Maytham al-Salman como Nabeel Rajab también se enfrentan a cargos como consecuencia del ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión.
Cualquiera que intente criticar públicamente a las autoridades mientras haya en Bahréin visitantes y periodistas internacionales con motivo del Gran Premio es probable que sufra graves consecuencias. Las autoridades han prohibido indefinidamente las manifestaciones en Manama, y la policía antidisturbios ha utilizado con frecuencia gas lacrimógeno y disparos para disolver las protestas en otras ciudades y pueblos, en las que se han producido detenciones y heridos graves.
Son muy pocos los agentes de seguridad que han sido investigados y procesados por tortura u otros abusos contra manifestantes y detenidos. En los casos en que esto ha sucedido, se ha tratado de agentes de baja graduación a los que se ha absuelto o se han aplicado condenas simbólicas. Mientras, Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de tortura y otros malos tratos durante la detención y el interrogatorio. Cuando las víctimas y sus abogados plantean estas denuncias ante los tribunales, suele hacérseles caso omiso o no se examinan adecuadamente las denuncias, afianzando una cultura de impunidad que las autoridades afirman reiteradamente estar tratando de eliminar.
Otro ejemplo de la alarmante erosión de los derechos humanos en Bahréin es la tendencia cada vez más frecuente a recurrir a la expulsión de personas tras privarlas arbitrariamente de su nacionalidad. Tales casos son aterradores y reflejan otro de los mecanismos preferidos por las autoridades bahreiníes para silenciar la disidencia y librarse de individuos "no deseados".
Si las autoridades desean proyectar una imagen más positiva al mundo, deben mejorar la realidad de los derechos humanos en Bahréin. Una buena forma de empezar sería poner de inmediato en libertad incondicional a todos los presos de conciencia, detener las expulsiones e introducir reformas que respeten los derechos humanos en el sistema de justicia y en las leyes del país.