Las víctimas más recientes de la formulación por motivos políticos de cargos relacionados con la “seguridad nacional” para silenciar a quienes critican al gobierno han sido tres activistas chinos de los derechos humanos, condenados a prisión hoy viernes por publicar libros sobre la democracia y el activismo, ha manifestado Amnistía Internacional.
Tang Jingling, de 44 años; Yuan Xinting, también de 44, y Wang Qingying, de 31, han sido declarados culpables por el Tribunal Popular Municipal Intermedio de Guangzhou de “incitar a la subversión del poder el Estado” y condenados a cinco años de cárcel, tres y medio y dos y medio, respectivamente.
“La sentencia dictada hoy contra estos tres activistas es una injusticia flagrante. Su trabajo pacífico y legítimo no ha atentado jamás contra la seguridad del Estado; lo que ocurre es que las autoridades silencian arbitrariamente a quienes critican al gobierno”, ha señalado Patrick Poon, investigador de Amnistía Internacional sobre China.
“Las autoridades parecen estar intensificando el uso de falsos cargos relacionados con la “seguridad nacional” a medida que aumentan sus ataques contra los activistas de los derechos humanos y contra quienes critican pacíficamente el abuso de poder por parte del gobierno.”
Según el acta de acusación, Tang Jingling, Yuan Xinting y Wang Qingying han “promovido ideas de desobediencia civil […] con el fin de derrocar el sistema socialista”. No se les acusaba de participar ellos mismos en actos de desobediencia civil.
La prueba principal mencionada por el fiscal, en vistas judiciales celebradas en junio y julio de 2015, era la publicación de una serie de libros sobre activismo cívico, democratización y desobediencia civil, entre ellos De la dictadura a la democracia, de Gene Sharp;
Organizing: A Guide for Grassroots Leaders ,de Si Kahn, y Breaking the Real Axis of Evil, de Mark Palmer.
Las autoridades los acusaban también de haber participado en varias “actividades ilegales” desde 2006. Entre ellas figuraban la conmemoración de las víctimas de la represión de Tiananmen de 1989; los actos de recuerdo de Lin Zhao, ejecutado durante la Revolución Cultural, y la firma de la Carta 08, manifiesto por la democracia del que fue coautor el Nobel de la Paz Liu Xiaobo, que está en prisión.
“El acta de acusación en sí deja claro que los hombres no han hecho nada que haya excedido los límites del derecho a la libertad de expresión. Se deben anular sus condenas y la sentencia y dejar a los tres en libertad de inmediato y sin condiciones”, ha añadido Patrick Poon.
Información complementaria
Tang Jingling, Yuan Xinting y Wang Qingying son desde hace mucho tiempo destacados defensores de los derechos humanos en el sur de China, y en los círculos de activistas se han ganado el apodo de “Los tres caballeros de Guangzhou” por su determinación a la hora de defender sus ideas frente a la represión del Estado.
Su detención y enjuiciamiento se han visto empañados por numerosas irregularidades de procedimiento. El tribunal impidió reiteradamente a los abogados defensores llamar a testigos. El juicio inicial, de junio de 2015, se suspendió tras rechazar el juez las peticiones formuladas por la defensa para que se impidiera a miembros del Partido Comunista pronunciarse sobre la causa. También se prohibió a diplomáticos extranjeros asistir al juicio.
Los tres activistas fueron detenidos inicialmente en mayo de 2014 como sospechosos de “provocar peleas y crear problemas”, cuando se detuvo a decenas de activistas y personas críticas con el gobierno en vísperas del 25 aniversario de la represión de Tiananmen.
La policía primero negó y luego restringió arbitrariamente a los tres el acceso a sus abogados y las visitas de sus familiares, en contra de las normas internacionales y el derecho procesal penal chino. A Tang Jingling no le permitieron reunirse con uno de sus abogados durante varias semanas después de ser puesto bajo custodia.
Algunos de los abogados de los tres activistas denunciaron también que éstos habían sido golpeados reiteradamente bajo custodia y durante el interrogatorio policial.
Los abogados tuvieron asimismo dificultades para acceder al sumario de la causa y, pese a tener derecho a ello, no pudieron hacer copias de la transcripción de los interrogatorios policiales, citados como prueba en el acta de acusación.
Este mismo mes, las autoridades han detenido formalmente a 15 personas por cargos relacionados con la seguridad del Estado, en el marco de la represión que se viene ejerciendo desde julio del año pasado contra los activistas y abogados de derechos humanos.