Los activistas de derechos humanos de Cuba corren mayor peligro de ser detenidos u hostigados por las autoridades en medio de las manifestaciones con motivo del Día de los Derechos Humanos que se celebra el 10 de diciembre, ha dicho Amnistía Internacional tras una oleada de casi 1.500 detenciones arbitrarias en poco más de un mes.
Ayer en la capital del país (La Habana) la policía limitó arbitrariamente la circulación de miembros de las Damas de Blanco, destacado grupo de activistas, que se preparaban para las manifestaciones de hoy. Esto se produce después de que en noviembre se efectuaran al menos 1.477 detenciones por motivos políticos, el mayor número en un mes desde hace muchos años, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
“Durante semanas, las autoridades cubanas han incrementado las detenciones y acosos para evitar que los activistas de derechos humanos y los disidentes protesten pacíficamente. Se trata de un problema que sistemáticamente silencia a los activistas cubanos en sus propias calles. Durante años, el acoso en el Día de los Derechos Humanos ha sido algo habitual, y esto es totalmente inaceptable”, ha dicho Erika Guevara-Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
Las Damas de Blanco y otras organizaciones han convocado para hoy una marcha de activistas en La Habana y en otros lugares en apoyo de la Declaración Universal de Derechos Humanos y para ejercer sus derechos a la reunión pacífica y la libertad de expresión.
El grupo y sus simpatizantes han celebrado regularmente marchas todos los domingos durante más de 30 semanas seguidas para exigir que se ponga en libertad a los presos políticos cubanos y se protejan los derechos humanos. La respuesta sistemática de las autoridades a estas manifestaciones pacíficas han sido detenciones y otros actos de hostigamiento.
El grupo en favor de la democracia Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) ha denunciado también detenciones masivas de sus miembros en todo el país durante los últimos meses.
Para intentar reprimir las protestas, es práctica habitual llevar a los activistas detenidos a zonas distantes y dejarlos allí para que regresen por sus medios a sus casas o detenerlos entre una y 30 horas.
Los activistas cubanos de derechos humanos afirman que este año no sólo se ha caracterizado por el elevado número de detenciones, sino también por el aumento de la violencia de las autoridades hacia activistas y disidentes políticos pacíficos.
“Las autoridades cubanas deben abstenerse de dispersar, arrestar o detener a personas que protestan pacíficamente”, ha dicho Erika Guevara-Rosas.
“El derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica de los cubanos debe ser respetado en el Día de los Derechos Humanos y durante todo el año.”
Información complementaria
A mediados de la década de 1990, Amnistía Internacional empezó a documentar en Cuba una reducción de las altas cifras de detenciones prolongadas por motivos políticos y un aumento de las detenciones arbitrarias breves y el acoso contra activistas, disidentes políticos, activistas de derechos humanos y periodistas independientes.
El número de detenciones por motivos políticos ha aumentado progresivamente en los últimos años, según la CCDHRN.
Normalmente, las detenciones y reclusiones arbitrarias aumentan durante las visitas o cumbres oficiales. En septiembre de 2015, mes de la destacada visita del Papa Francisco a Cuba, la CCDHRN registró 882 detenciones de este tipo, frente a la media de 700 detenciones arbitrarias efectuadas al mes en 2014. Muchas de las personas detenidas permanecen recluidas entre una y 30 horas. Algunos activistas han denunciado uso excesivo de la fuerza por parte de la policía.
Con frecuencia, los activistas cubanos, tanto políticos como de derechos humanos, son acusados –sin que se formulen contra ellos cargos formales– en virtud de artículos del Código Penal cubano, para obstaculizar su ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y manifestación pacífica. Las acusaciones suelen ser “desacato” a un funcionario público, “resistencia” a funcionarios públicos en el cumplimiento de su deber, y “desórdenes públicos”, que penaliza cualquier acto concurrido o reunión numerosa celebrada en espacios públicos con el fin de sembrar el pánico o provocar desórdenes.