El sistema de justicia penal de China sigue dependiendo en gran medida de confesiones forzadas obtenidas mediante tortura y malos tratos, y los abogados que insisten en presentar denuncias de abusos son a menudo objeto de amenazas y hostigamiento, o incluso de detención y tortura, afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy.
El informe, titulado No End in Sight documenta cómo las reformas introducidas en la justicia penal, anunciadas por el gobierno chino como avances en materia de derechos humanos, en realidad apenas han contribuido a cambiar la práctica profundamente arraigada de torturar a los detenidos para obtener confesiones forzadas. Los intentos de los abogados defensores de presentar o investigar las denuncias de tortura siguen siendo frustrados de forma sistemática por la policía, los fiscales y los tribunales.
“En un sistema en el que incluso los abogados pueden acabar siendo torturados por la policía, ¿qué esperanzas pueden tener los acusados corrientes?”, ha afirmado Patrick Poon, investigador sobre China de Amnistía Internacional.
“Disimular un sistema de justicia que no es independiente, en el que la policía sigue siendo todopoderosa y en el que no se dispone de ningún recurso cuando se conculcan los derechos de los acusados no servirá de mucho para poner freno a la lacra de la tortura y los malos tratos en China. Si es el gobierno se toma en serio la mejora de los derechos humanos, debe empezar por hacer rendir cuentas a los organismos encargados de hacer cumplir la ley cuando cometen abusos.”
Abogados de toda China hablaron a Amnistía Internacional de las represalias que sufrieron cuando desafiaron a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley. Los abogados señalaron deficiencias fundamentales en el sistema de justicia que permiten que agentes de policía, fiscales y otros funcionarios burlen las nuevas salvaguardias concebidas para impedir que las confesiones den lugar a sentencias condenatorias injustas. Juristas chinos estiman que menos del 20 por ciento del total de acusados en causas penales disponen de representación letrada.
“El gobierno parece más preocupado por la posible vergüenza que las sentencias condenatorias injustas puedan causar que por poner coto a la tortura bajo custodia”, ha afirmado Patrick Poon.
“Para la policía, obtener una confesión sigue siendo la manera más fácil de conseguir una sentencia condenatoria. Mientras no se permita a los abogados hacer su trabajo sin temor a represalias, la tortura seguirá siendo una práctica generalizada en China.”
El informe documenta casos de tortura y malos tratos en detención en espera de juicio, incluidas palizas propinadas por la policía o por otros detenidos con conocimiento de los agentes o cumpliendo sus órdenes. Entre los instrumentos de tortura descritos figuran las sillas de sujeción de hierro, los bancos del tigre –en los que las piernas de la persona se atan con fuerza a un banco y se agregan gradualmente ladrillos bajo los pies de la víctima, obligando a llevar hacia atrás las piernas–, además de periodos prolongados de privación de sueño y negación de alimentos y agua suficientes.
Cuando el historial de China en relación con la tortura va a ser examinado por el comité de expertos contra la tortura de las Naciones Unidas la semana próxima en Ginebra, el gobierno ha afirmado que las autoridades han “alentado y apoyado siempre a los abogados en el desempeño de sus funciones” y ha negado cualquier “represalia”.
Tang Jitian, ex fiscal y abogado en Pekín, dijo a Amnistía Internacional que fue torturado por agentes de seguridad locales en marzo de 2014 cuando, junto con otros tres abogados, investigó presuntas torturas en una instalación de detención secreta –una de las llamadas “cárceles negras”– en Jiansanjiang, en el nordeste de China.
“Me amarraron con correas a una silla de hierro, que abofetearon, me dieron patadas en las piernas y me golpearon tan fuerte en la cabeza con una botella de plástico llena de agua que perdí el conocimiento”, dijo.
Más tarde, pusieron a Tang Jitian una capucha, lo esposaron con los brazos a la espalda, lo levantaron del suelo y lo tuvieron colgado por las muñecas mientras la policía lo golpeaba.
Yu Wensheng, abogado de Pekín, fue arrestado el 13 de noviembre de 2014 y estuvo 99 días detenido bajo custodia de la policía. Dijo a Amnistía Internacional que lo interrogaron aproximadamente 200 veces, con 10 agentes de seguridad pública asignados para interrogarlo en tres turnos cada día. Le esposaron las muñecas a la espalda, con las esposas deliberadamente demasiado apretadas.
“Las manos se me hincharon y sentí tanto dolor que no quería vivir. Los agentes de policía tiraban una y otra vez de las esposas y yo gritaba”, dijo.
Detención secreta y tortura
Expertos en cuestiones jurídicas dijeron a Amnistía Internacional que la obtención de confesiones mediante tortura sigue siendo una práctica arraigada en la detención en espera de juicio, sobre todo en causas políticas, como las que afectan a disidentes, minorías étnicas o personas que participan en actividades religiosas.
El informe muestra que en los últimos dos años las autoridades han hecho un uso creciente de una nueva forma de detención en régimen de incomunicación llamada “vigilancia domiciliaria en un lugar designado”, que se oficializó en la ley en 2013, cuando se llevaron a cabo las revisiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de China.
En virtud de este sistema, las personas sospechosas de terrorismo, soborno grave o delitos contra la seguridad del Estado pueden ser recluidas al margen del sistema de detención formal en un lugar no revelado durante un periodo máximo de seis meses, sin contacto con el mundo exterior, lo que deja al detenido en grave riesgo de tortura y otros malos tratos.
Doce abogados y activistas apresados en el marco de la represión en curso contra activistas jurídicos y de derechos humanos están recluidos actualmente en “vigilancia domiciliaria en un lugar designado” por cargos relacionados con la seguridad del Estado. Amnistía Internacional considera que todos ellos corren un grave peligro de sufrir tortura y malos tratos y ha pedido al gobierno chino que los ponga en libertad y retire todos los cargos en su contra.
Resistencia a las reformas
A pesar de varias iniciativas reformistas desde 2010, la definición de tortura en virtud de la legislación china sigue siendo inadecuada y contraria al derecho internacional. La legislación china sigue prohibiendo únicamente ciertos actos de tortura, como “usar la violencia para obtener la declaración de un testigo”, y cuando sus autores son ciertos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, mientras que otros responsables sólo pueden ser acusados formalmente como cómplices. La tortura psicológica no está prohibida explícitamente en la legislación china, tal como exige el derecho internacional.
La mayoría de los abogados entrevistados para elaborar este informe mencionaron la falta de independencia judicial y el poder preponderante de los organismos de seguridad pública como uno de los principales obstáculos a la hora de intentar que se haga justicia en las denuncias de tortura. Los comités políticos y legales locales, integrados por funcionarios locales del Partido Comunista, ejercen una considerable influencia a la hora de determinar los resultados de las causas judiciales delicadas desde el punto de vista político. Cuando un comité desea una sentencia condenatoria, el tribunal pasa por alto las denuncias de tortura y los responsables casi nunca rinden cuentas.
Abogados que hablaron con Amnistía Internacional denunciaron la persistente imposibilidad de presentar las denuncias de tortura en los tribunales, de conseguir investigaciones auténticas de los fiscales del Estado, y mucho menos de organismos independientes, o de que las confesiones forzadas se excluyan como prueba en el juicio.
“Los funcionarios locales y la policía siguen moviendo los hilos del sistema de justicia penal de China. A pesar de los grandes esfuerzos desplegados por los abogados defensores, muchas denuncias de tortura simplemente se ignoran por conveniencia política”, ha afirmado Patrick Poon.
“La policía ejerce un poder excesivo y sin control, por lo que las medidas para poner coto a la tortura no tienen el impacto necesario.”
Tortura y “pruebas” ilegítimas
En un intento de analizar la respuesta de los tribunales chinos a las denuncias de obtención de “confesiones” mediante tortura desde la introducción de reformas concebidas para excluir las pruebas empañadas por la tortura, Amnistía Internacional examinó cientos de documentos judiciales accesibles en la base de datos en línea del Tribunal Supremo Popular de China.
De una muestra de 590 casos en los que se formularon denuncias de tortura, las confesiones forzadas se excluyeron en sólo 16 casos, uno de los cuales dio lugar a una absolución y el resto concluyeron en declaraciones de culpabilidad sobre la base de otras pruebas. El número tan exiguo de casos en los que se excluyeron las pruebas obtenidas mediante tortura parece corroborar las denuncias de los abogados de que se siguen presentando confesiones forzadas como pruebas en los tribunales, y que los jueces no excluyen las pruebas obtenidas de forma ilegítima.
En virtud del derecho internacional y de la legislación nacional de China, recae en los fiscales la responsabilidad de demostrar que las pruebas se obtuvieron de forma legítima. Sin embargo, en la práctica los tribunales desestiman generalmente las denuncias de tortura si el acusado no puede probarlas.
El informe presenta una serie de recomendaciones detalladas. En particular, para poner fin al uso de la tortura y otros malos tratos en el sistema de justicia penal de China, Amnistía Internacional pide al gobierno chino que:
Garantice que los abogados y activistas jurídicos pueden llevar a cabo su trabajo sin hostigamiento, intimidación, restricciones arbitrarias, miedo a la detención, tortura y otros malos tratos o procesamiento criminal.Garantice que ninguna declaración obtenida mediante tortura u otros malos tratos se usa como prueba en ningún procedimiento.Armoniza la legislación, las políticas y la práctica chinas con la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional.