El ataque con cohetes contra un campamento de exiliados iraníes en Irak es un crimen despreciable y desalmado, ha dicho Amnistía Internacional, que ha pedido que el ataque se investigue de inmediato y que se proteja y ayude urgentemente a los residentes en el campamento.
Campo Libertad, en el nordeste de Bagdad, fue alcanzado por una lluvia de cohetes la pasada noche; en el ataque murieron al menos 23 personas, entre ellas una mujer, y resultaron heridas decenas más. El ataque ha sido reivindicado por la milicia chií iraquí al Mukhtar, que ha advertido que podría repetirse.
En el campamento habitan unos 2.250 exiliados iraníes desarmados, la mayoría miembros y simpatizantes de la Organización de los Muyahidines del Pueblo de Irán, grupo de oposición iraní.
“Este acto de violencia horrible contra los residentes de Campo Libertad no puede ser ignorado por las autoridades iraquíes, que deben garantizar que se efectúa sin demora una investigación independiente y efectiva y que los responsables son puestos en manos de la justicia”, ha dicho Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“La absoluta falta de investigaciones de las autoridades sobre anteriores ataques mortales contra el campamento transmite el mensaje de que sus residentes pueden ser asesinados impunemente.”
Los testigos dijeron a Amnistía Internacional que el ataque comenzó a eso de las 19:40 hora local, cuando los residentes iban a cenar. Veinte personas murieron en el acto, y otras tres fallecieron más tarde en un hospital de Bagdad.
Los residentes afirman que el campamento fue alcanzado por unos 80 cohetes –que identificaron como tipo Falaq Katyusha de fabricación iraní–, aunque según los medios de comunicación iraquíes se dispararon entre 12 y 38 cohetes.
El ataque causó grandes daños, pues alcanzó los generadores eléctricos del campamento y destruyó al menos 200 caravanas, dejando sin hogar a cientos de residentes. El gobierno iraquí aún no ha emitido declaración alguna sobre los acontecimientos, pero otros gobiernos, así como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que considera a los residentes de Campo Libertad “personas en situación de riesgo”, han condenado el ataque.
“El silencio de las autoridades iraquíes sobre la muerte de 23 personas es inexcusable. Están incumpliendo claramente su obligación en virtud del derecho internacional de proteger a todos los habitantes del campamento, muchos de los cuales son solicitantes de asilo. Además de la pérdida de vidas, la destrucción causada por el ataque ha dejado a muchos residentes en situación desesperada”, ha dicho Said Boumedouha.
“El gobierno debe garantizar que se restablecen urgentemente la electricidad y el agua, y que se facilita sin demora un alojamiento temporal a las personas que se han quedado sin hogar.”