La reanudación de las ejecuciones en la región del Kurdistán de Irak supone un retroceso

Amnistía Internacional ha condenado hoy la ejecución de un hombre y de dos mujeres después de que un tribunal de la región del Kurdistán de Irak los declarara culpables de asesinato el año pasado. La organización afirma que la reanudación de las ejecuciones, que pone fin al paréntesis de éstas en la región, supone un serio retroceso.
El 12 de agosto, Farhad Jaafar Mahmood y sus dos mujeres, Berivan Haider Karim y Khuncha Hassan Ismaeil, fueron ahorcados después de que un tribunal de la ciudad de Dohuk los condenara a muerte en abril de 2014 por el secuestro y el asesinato de dos niñas en edad escolar en 2011 y 2012.
El presidente del Gobierno Regional del Kurdistán, Mas’ud Barzani, ratificó recientemente la condena después de que fuera confirmada por el Tribunal de Casación. La ratificación permitió llevar a cabo las ejecuciones. Para que se ejecute una condena a muerte, es necesario que el presidente la ratifique antes.
Son las primeras ejecuciones que se producen desde 2008. El presidente Barzani no ratificó ninguna condena a muerte durante los siete años que duró el paréntesis de las ejecuciones. Según los medios de comunicación, en la región del Kurdistán de Irak se ha alcanzado la cifra de 205 personas en el corredor de la muerte.
Amnistía Internacional siente una enorme preocupación por que la reanudación de las ejecuciones abra la puerta a más ejecuciones, puesto que el número de personas en el corredor de la muerte sigue creciendo, y ha aumentado la presión sobre el Gobierno Regional del Kurdistán para responder a la situación de seguridad causada por la guerra contra el grupo armado autodenominado Estado Islámico.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia de la naturaleza o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La pena de muerte es la forma extrema de pena cruel, inhumana y degradante y una violación del derecho a la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
La reanudación de las ejecuciones en la región del Kurdistán de Irak siembra dudas sobre el futuro del proyecto de ley que en 2011 preparó y presentó al Parlamento de Kurdistán su Comité de Derechos Humanos y que tenía como propósito la abolición de la pena de muerte.
Amnistía Internacional pide al Gobierno Regional del Kurdistán que detenga todas las ejecuciones previstas; que conmute sin demora las condenas a muerte impuestas a todas las personas que se encuentran en el corredor de la muerte, y que establezca una suspensión oficial de todas las ejecuciones con el propósito de abolir la pena de muerte.