Todos los miembros del Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) implicados en las muertes de Marikana y su posterior encubrimiento deben ser suspendidos inmediatamente de sus funciones, hasta que se conozca el resultado de nuevas investigaciones, ha declarado hoy Amnistía Internacional con motivo del tercer aniversario de la muerte de 34 mineros en huelga por disparos ilegítimos realizados por la policía.
Como primera medida, el presidente Zuma debe iniciar la suspensión del director general de la Policía, Riah Phiyega. Tres años después, ni un solo miembro del SAPS ha sido suspendido o ha rendido cuentas de sus actos.
“Cualquier otra cosa hará que continúe la ausencia de rendición de cuentas por los homicidios ilegítimos cometidos por la policía el 16 de agosto de 2012 en Marikana. Es inaceptable que se siga negando la justicia para las víctimas y sus familias."
La operación policial del 16 de agosto de 2012 fue desencadenada por la decisión, tomada la noche anterior por los altos mandos policiales, de desarmar y dispersar por la fuerza a los huelguistas a pesar de que se preveía un derramamiento de sangre. El informe de la Comisión de Investigación sobre Marikana (la Comisión Farlam), publicado a principios de junio de 2015, califica esta decisión de temeraria e inexplicable y de "causa decisiva" de las muertes.
Desde el principio, la policía trató sistemáticamente de ocultar y falsear pruebas y de engañar a la Comisión Farlam. El informe es muy crítico con los altos mandos del SAPS, incluido el director general nacional, por dar testimonios evasivos y por su implicación en la destrucción, ocultamiento y fabricación de pruebas.
Una de las recomendaciones de la Comisión Farlam es la creación de una junta de investigación dirigida por el poder judicial que estudie la capacidad del director general de la Policía para desempeñar su cargo. El presidente Zuma debe usar su autoridad para establecer urgentemente esta junta y suspender de sus funciones al director general hasta que se conozcan los resultados de esta investigación. Esto, a su vez, deberá crear y allanar el camino para la suspensión de otros policías implicados y facilitar otros procesos disciplinarios y de investigación que recomienda la Comisión Farlam.
Son muchas las familias afectadas por los homicidios del 16 de agosto de 2012 y por las muertes ilegítimas a manos de la policía y de los huelguistas de los días anteriores.
La tristeza entre las familias de las víctimas sigue siendo palpable y, como dijo una de las viudas a Amnistía Internacional: "Es muy doloroso cuando existe tanta incertidumbre sobre quién rendirá cuentas cuando nuestros esposos murieron como perros."
"El presidente Jacob Zuma debe actuar ya para garantizar que se implementan todas las recomendaciones clave de la Comisión Farlam. Los perpetradores de todos los homicidios cometidos en esa terrible semana deben responder ante la justicia."