En las últimas semanas, las autoridades rusas han intensificado la ofensiva que están llevando a cabo contra el derecho a la libertad de asociación en el país. En un ataque por dos frentes, han continuado su acometida contra las ONG rusas por medio de la denominada "ley de agentes extranjeros" y han comenzado a aplicar la ley de "organizaciones extranjeras indeseables", que corta en la práctica la vía vital de financiación extranjera gracias a la cual podían desarrollar sus actividades con independencia.
La creciente lista de "agentes extranjeros" y los nuevos cierres de ONG
La "ley de agentes extranjeros", promulgada en noviembre de 2012, obliga a las ONG rusas a registrarse como "organizaciones que llevan a cabo las funciones de agentes extranjeros” si reciben financiación extranjera y tienen "actividades políticas" imprecisamente definidas. Se reformó en mayo de 2014 a fin de otorgar al Ministerio de Justicia autoridad para inscribir ONG en el registro a iniciativa propia. Desde entonces, centenares de ONG rusas ha soportado intrusivas "inspecciones", llevadas a cabo sin anunciar por equipos de funcionarios de la fiscalía, la hacienda pública y otros organismos del Estado (acompañados a veces de una unidad móvil de televisión, con objeto de informar luego en la televisión nacional para manchar así su reputación).
Decenas de ONG se han visto envueltas en largas batallas legales –se calcula un total de casi 200 causas judiciales distintas– con asfixiantes consecuencias para su trabajo. El incumplimiento la ley, que exige a las ONG calificadas de "agentes extranjeros" indicarlo en toda su documentación impresa y online, se sanciona con cuantiosas multas tanto a las mismas ONG como a sus líderes, e incluso puede ser causa de procesamiento penal. La reincidencia a este respecto está penada con hasta seis años de prisión. Varias ONG y líderes de ONG han sido multados por no registrase voluntariamente.
Aunque el Ministerio de Justicia no revela ya qué ONG se han inscrito voluntariamente en el registro, se sabe que las que lo han hecho representan sólo una pequeña minoría: sólo una antes de este año y cuatro en la primera mitad de 2015, cuando se dejó de dar esta información. La gran mayoría han sido inscritas por el Ministerio de Justicia tras la reforma de la ley en mayo de 2014.
En el registro figuran en la actualidad las más destacadas ONG de derechos humanos nacionales y muchas locales, así como organizaciones que trabajan en otras áreas, como la conservación del medio ambiente, la protección de los periodistas, el apoyo a la sociedad civil, la educación y la observación de procesos electorales.
A parte del reducido número de organizaciones que parecen haberse inscrito voluntariamente, las ONG rusas se han opuesto con vehemencia a toda sugerencia de que "llevan a cabo las funciones de agentes extranjeros", han insistido en que su trabajo es en beneficio de la ciudadanía rusa y han protestado contra su inscripción en el registro. También han negado que sus actividades sean "políticas" y se han opuesto al poco riguroso uso que se hace en ley del término "actividades políticas" en tanto que dirigidas únicamente a influir en la opinión pública o modificar las políticas del gobierno. Varias ONG inscritas ni siquiera recibían financiación extranjera cuando se las incluyó en la lista.
La ley ha recibido críticas generalizadas dentro y fuera de Rusia, e incluso el presidente ruso, Vladimir Putin, que se ha mostrado partidario de ella, ha reconocido que tiene "ciertos fallos". En abril de 2014, el Tribunal Constitucional determinó que la ley se ajustaba a la Constitución rusa y no violaba el derecho a la libertad de asociación. El Tribunal consideró que la ley no impedía a las ONG recibir financiación extranjera ni obstaculizaba su trabajo. Sin embargo, los últimos acontecimientos contradicen la segunda de estas conclusiones, pues las ONG incluidas en la lista de "agentes extranjeros" están encontrando impedimentos para continuar con su trabajo, que abarcan desde la perdida de la ya limitada financiación no extranjera hasta la restricción de las actividades relacionadas con autoridades del gobierno, pasando por el desalojo de los locales propiedad del Estado que solían alquilar.
El Tribunal Constitucional ha determinado también que el término "agente extranjero" es neutro y sin connotaciones peyorativas. No tiene en cuenta el hecho de que en Rusia se identifica automáticamente tal expresión con actividades extranjeras hostiles y espionaje. El Tribunal hizo caso omiso de las protestas de las organizaciones calificadas o amenazadas con ser calificadas de "agentes extranjeros", y las autoridades rusas se negaron a considerar otras alternativas, como que se utilizaran expresiones objetivas, como, por ejemplo, "organización que recibe financiación extranjera".
En 2015, las autoridades han intensificado sus esfuerzos por llenar de ONG independientes el registro del Ministerio de Justicia de organizaciones "que llevan a cabo las función de agentes extranjeros". En el momento de redactar la presente declaración, el registro contenía 82 inscripciones, 51 de ellas añadidas en lo que va de año. La última añadida a la lista, el 29 de julio, ha sido la ONG mediambiental Zelionyi Mir (Mundo Verde). Otras cuatro ONG figuran en el registro como disueltas, pues todas ellas decidieron cerrar tras ser incluidas en la lista. Sólo tres ONG de la lista tienen la indicación de "ha dejado de llevar a cabo las funciones de agente extranjero” (es decir, de recibir financiación extranjera) junto al nombre, que sigue apareciendo, no obstante en la lista.
Con decenas de ONG calificadas de "agentes extranjeros" y soportando el estigma asociado al término, muchas se enfrentan ahora a cuantiosas multas, impuestas a veces por no haberse inscrito voluntariamente en el registro antes de que lo hiciera el Ministerio de Justicia con arreglo a la reforma de la ley. Varias organizaciones han optado por cerrar, en vez de inscribirse. La última ONG que ha tomado la decisión de cerrar tras ser calificada de "agente extranjero" ha sido el Comité Interregional contra la Tortura.