Las autoridades rusas han aplicado hoy por primera vez una nueva ley draconiana sobre organizaciones extranjeras "indeseables" para incluir la organización benéfica estadounidenseNational Endowment for Democracy (NED) en una lista negra, en su intento de cortar una fuente vital de financiación de las ONG rusas, ha declarado Amnistía Internacional.
Con esta ley en la mano, que entró en vigor en mayo de este año, la Fiscalía General anunció que la labor que hace NED en el país es ahora ilegal y pidió al Ministerio de Justicia que inscribiera a la organización como "organización indeseable".
“Esta censurable medida de incluir en una lista negra a las que llaman ‘organizaciones indeseables’ marca otra cota mínima de las autoridades rusas, que en los últimos años han tratado sistemáticamente de acabar de raíz con la sociedad civil del país", dijo John Dalhuisen, director del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
“La nueva ley dirigida contra las organizaciones extranjeras que trabajan en Rusia está concebida expresamente para restringir la libertad de expresión y de asociación. Su uso continuado tendrá un impacto devastador en la labor de las organizaciones nacionales que defienden los derechos humanos de la ciudadanía rusa y supervisan la actuación de las autoridades."
La Fiscalía General ha anunciado hoy que las actividades de NED "representan una amenaza para el ‘orden constitucional de la Federación Rusa, el potencial de defensa y la seguridad del Estado’".
Entre las presuntas infracciones de NED figuran sus donaciones a organizaciones comerciales y no lucrativas que observan las elecciones de forma independiente, así como unas "actividades políticas" sin definir y "desacreditar el servicio en las fuerzas armadas [rusas]".
A lo largo de los años, los fondos de NED han apoyado los derechos humanos en primera línea y otras actividades de la sociedad civil en Rusia.
Es previsible que en un futuro próximo se vean afectadas otras organizaciones internacionales con oficinas en Rusia.
Desde el 21 de julio, al menos dos de las entidades incluidas en la lista, la Fundación Charles Stewart Mott y la Fundación MacArthur, han anunciado su decisión de poner fin a su labor filantrópica en Rusia para evitar que se les aplique la ley.
“Lamentablemente, con la ley sobre ‘organizaciones indeseables’ no sirve el refrán de ‘perro ladrador, poco mordedor’, pues la mera amenaza de aplicar la ley ya está teniendo el efecto de estigmatizar a los defensores de los derechos humanos, las ONG y las entidades benéficas que hacen una labor vital y legítima en Rusia", añadió John Dalhuisen.Un ataque en dos frentes
La represión de las organizaciones extranjeras sigue los pasos de otra ley de 2012 encaminada a impedir el trabajo de lo que se califica de “organizaciones que desempeñan la función de agentes extranjeros”: ONG rusas que reciben fondos extranjeros y participan en unas "actividades políticas" definidas en términos muy generales.
En virtud de esa ley, las ONG calificadas de "agentes extranjeros" deben inscribirse como tales. Al mismo tiempo, los medios de comunicación controlados por el gobierno están llevando a cabo una campaña de difamación sin precedentes contra las ONG.
En total, hay 81 ONG en el registro de "agentes extranjeros" del Ministerio de Justicia, siete de las cuales fueron excluidas posteriormente. Solamente este mes se ha añadido a cinco ONG nuevas, entre ellas "Golos-Ural", que forma parte de una red nacional de observadores electorales, y dos ONG de derechos humanos.
Entre los "agentes extranjeros" registrados, al menos 24 se beneficiaron de los fondos de NED.
“Este ataque directo a las fuentes extranjeras de financiación está calculado para acabar con el apoyo filantrópico a las ONG rusas que las autoridades consideran una amenaza", manifestó John Dalhuisen.
"Las autoridades deben derogar sin demora las insidiosas leyes sobre ‘agentes extranjeros’ y organizaciones extranjeras ‘indeseables’".
Muchas organizaciones incluidas en la lista de "agentes extranjeros" han librado largas batallas legales contra las autoridades, mientras que otras han decidido cerrar como protesta por la campaña de difamación contra ellas y su labor.
La semana pasada, el Comité Interregional contra la Tortura se convirtió en la última organización que tomó esa decisión. Esta galardonada ONG fue creada por defensores rusos de los derechos humanos en 2000 para investigar y denunciar la tortura y otros malos tratos bajo custodia policial y en las prisiones.
La organización, que trabaja actualmente en alrededor de 200 denuncias de abusos en detención, anunció hoy mismo en una conferencia de prensa en Moscú que seguirá realizando su labor crucial con un nuevo nombre, el de Comité para la Prevención de la Tortura.