A Amnistía Internacional le preocupan enormemente los informes sobre la desaparición forzada y el homicidio del activista político Raja Dahir Bhambro, cuya muerte confirmó la policía de Pakistán el 25 de julio de 2015.
La organización pide al gobierno de Pakistán que inicie inmediatamente una investigación imparcial, independiente, eficaz y transparente sobre este caso, incluida la presunta implicación de fuerzas estatales, y que haga que los responsables de cometer y ordenar o encubrir estos crímenes respondan ante la justicia en juicios justos y sin recurso a la pena de muerte.
Raja Dahir era hijo de un destacado escritor e historiador sindi y estaba afiliado al partido nacionalista sindi de Pakistán, Jeay Sindh Mutihida Muhaz (JSMM), prohibido por las autoridades. Según testigos presenciales, fue secuestrado cuando la policía y la policía paramilitar asaltó su domicilio, en el pueblo de Bachal Bhanbhro, distrito de Khairpur, el 4 de junio de 2015, y sometido a desaparición forzada. Los testigos dijeron que estas fuerzas rodearon la casa de Raja Dahir y que golpearon a éste y luego se lo llevaron por la fuerza en un vehículo policial.
Hace más de un mes que se desconoce la suerte y el paradero de Raja Dahir. Su familia presentó una apelación ante el Tribunal Superior de Sind solicitando su comparecencia ante el tribunal, y éste ordenó al director de las fuerzas parapoliciales de Sind y al procurador general del gobierno de Sind dicha comparecencia. El abogado de Raja Dahir se había quejado de que las fuerzas parapoliciales y el procurador general estaban usando tácticas dilatorias en el procedimiento judicial, pues incumplieron la orden y no facilitaron información sobre el incidente.
La policía recuperó el cuerpo de Raja Dahir un mes después, el 5 de julio de 2015, en Nooriabad, cerca de una carretera, en el distrito de Jamshoro, e informó a la familia de su muerte el 25 de julio, después de que la Dirección Nacional de Bases de datos y Registros (NADRA) verificara sus huellas digitales. Según los medios de comunicación locales, que citan el informe de la autopsia, Raja Dahir tenía un disparo en la frente.
Grupos de derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán han informado de un aumento desde el año pasado del número de activistas políticos sindis víctimas de desaparición forzada que posteriormente aparecieron muertos con heridas de bala y señales compatibles con torturas.
Los activistas políticos de las comunidades étnicas sindi y baluchi han sido sometidos a secuestros, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales en las dos provincias. Entre las víctimas de desaparición forzada, secuestro, tortura y homicidios ilegítimos figuran activistas políticos y pro derechos humanos, periodistas, abogados y líderes estudiantiles, así como miembros de grupos armados,Pakistán tiene la obligación, en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos, de respetar y proteger el derecho a la vida, a la libertad y a no ser torturado ni sometido a otros malos tratos de todas las personas de su territorio. *[ojo, errata(s) en el original] Además, la desaparición forzada, la tortura y los homicidios ilegítimos son crímenes de derecho internacional. Pakistán tiene asimismo la obligación de hacer cumplir los derechos fundamentales consagrados en su Constitución, como los de no ser sometido a tortura ni ser privado de la vida, y de garantizar las salvaguardias durante la detención y la reclusión, incluidas la de revelar el lugar de reclusión del detenido y las garantías procesales. Además, el Código Penal de Pakistán tipifica el rapto y el secuestro que desembocan en el asesinato de la víctima (artículo 364) o en lesiones a ésta (artículo 367) y prevé penas estrictas por los delitos conexos de ocultación, restricción ilegal, mantener confinada a una persona y confinamiento ilegal en secreto (artículos 339, 340, 346, 365 y 368).
No investigar y enjuiciar penalmente la posible desaparición forzada y el homicidio de Raja Dahir, supuestamente a manos de las fuerzas estatales, constituiría una violación de las obligaciones contraídas por Pakistán en virtud de las leyes nacionales e internacionales.