Se cree que las autoridades iraníes han ejecutado nada menos que a 694 personas entre el 1 de enero y el 15 de julio de 2015, ha afirmado hoy Amnistía Internacional, en una intensificación de las ejecuciones sin precedentes en el país.
Este número equivale a ejecutar a más de tres personas al día. A este estremecedor ritmo, Irán superará el número total de ejecuciones en el país que Amnistía Internacional tiene registrado para todo el año pasado.
“El impactante número de ejecuciones del primer semestre del año en Irán traza un cuadro siniestro de una maquinaria del Estado que lleva a cabo homicidios premeditados y aprobados judicialmente a escala masiva”, ha afirmado Said Boumedouha, director adjunto del Programa Regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional.
“Si las autoridades de Irán mantienen esta horrenda tasa de ejecuciones, es probable que al concluir el año haya habido más de 1.000 muertes aprobadas por el Estado.”
El aumento de las ejecuciones revela hasta qué punto Irán se aleja del resto del mundo en lo relativo al uso de la pena de muerte: 140 países de todo el mundo han rechazado ya su uso en la ley o en la práctica. En lo que va de año, tres países más han revocado completamente la pena de muerte.
Las ejecuciones no cesaron en Irán ni siquiera durante el sagrado mes del Ramadán. Apartándose de la práctica establecida, al menos cuatro personas fueron ejecutadas durante el último mes.
Aunque Amnistía Internacional se opone al uso de la pena de muerte incondicionalmente y en todos los casos, las condenas a muerte en Irán son especialmente alarmantes porque siempre las imponen tribunales que carecen por completo de independencia e imparcialidad. Se imponen por delitos de redacción imprecisa o excesivamente amplios, o por actos que no deberían estar penalizados en absoluto, y mucho menos implicar la pena de muerte. En Irán los juicios adolecen de profundas deficiencias, en muchos casos se niega a los detenidos el acceso a abogados en la fase de investigación, y los procedimientos de apelación, indulto y conmutación son inadecuados.
“Las autoridades iraníes deberían sentir vergüenza por la ejecución de cientos de personas con absoluto desprecio por las salvaguardias básicas del debido proceso”, ha afirmado Said Boumedouha.
“El uso de la pena de muerte es siempre abominable, pero suscita motivos de preocupación adicionales en un país como Irán donde los juicios son manifiestamente injustos.”
Los motivos que explican el estremecedor aumento de las ejecuciones no están claros, pero la mayoría de las personas ejecutadas en 2015 fueron condenadas por cargos relacionados con las drogas.
La Ley contra los Estupefacientes de Irán establece la condena a muerte preceptiva por varios delitos relacionados con las drogas, como el tráfico de más de 5 kilos de estupefacientes derivados del opio o más de 30 gramos de heroína, morfina, cocaína o sus derivados químicos.
Estas disposiciones vulneran directamente el derecho internacional, que restringe el uso de la pena de muerte a sólo los “delitos más graves”, los que implican homicidio intencionado. Los delitos relacionados con las drogas no cumplen esta condición.
No hay ningún dato que pruebe que la pena de muerte disuada de la comisión de delitos o del tráfico o consumo de drogas. Este mismo año, el subdirector del Centro de Investigación Estratégica de Irán admitió que la pena de muerte no ha sido capaz de reducir los niveles de narcotráfico.
“Durante años, las autoridades iraníes han usado la pena de muerte para propagar un clima de miedo en un intento equivocado de combatir el narcotráfico, pero no hay ni un solo dato que indique que este método sea eficaz para combatir la delincuencia”, ha afirmado Said Boumedouha.
Muchas de las personas condenadas por delitos relacionados con las drogas proceden de entornos desfavorecidos. Sus casos rara vez reciben publicidad. En una carta distribuida a través de Internet en junio, 54 presos en espera de ejecución en la prisión de Ghezel Hesar, cerca de Teherán, describieron su difícil situación:
“Somos víctimas de un estado de hambre, pobreza y sufrimiento, arrojados al vacío de la perdición por la fuerza y sin nuestra voluntad. […] Si tuviéramos un empleo, si no necesitásemos ayuda, si pudiéramos dar la vuelta a nuestras vidas e impedir que nuestros hijos pasen hambre, ¿por qué habríamos de deslizarnos por un camino que nos garantiza la muerte?”
Entre las personas ejecutadas en Irán hay también miembros de minorías étnicas y religiosas condenados por “enemistad con Dios” y “corrupción en la tierra”, entre ellos presos políticos kurdos y musulmanes suníes.
Actualmente, según el trabajo de seguimiento realizado por Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, se cree que hay varios miles de personas en espera de ejecución en Irán. Las autoridades iraníes han afirmado que el 80 por ciento de las personas en espera de ejecución fueron condenadas por delitos relacionados con las drogas. Sin embargo, no han facilitado el número exacto.
“Es especialmente terrible que no se vislumbre el fin de este teatro de la crueldad cuando los patíbulos de Irán esperan a miles de presos del corredor de la muerte”, ha afirmado Said Boumedouha.
En Irán es frecuente dejar a los presos consumiéndose en espera de la ejecución, preguntándose cada día si será el último. En muchos casos se les notifica su ejecución con sólo unas horas de antelación, y a veces las familias tienen noticia de la suerte de sus seres queridos días después, incluso semanas.