Las autoridades están enviando mensajes contradictorios sobre la violencia en el ámbito familiar, pues a la vez que conmutan la condena de muerte a una mujer que mató a su esposo maltratador, continúan persiguiendo a cinco activistas de los derechos de las mujeres, ha señalado hoy Amnistía Internacional. Un tribunal de la provincia de Sichuan, en el suroeste de China, ha concedido hoy a Li Yan, de 44 años, una suspensión de la ejecución de su condena de muerte durante dos años, al cabo de los cuales se espera que le conmuten la pena por una de prisión por buena conducta. Este cambio de decisión se produce tras ordenar el Tribunal Supremo Popular, en junio del año pasado, celebrar un nuevo juicio, algo sin precedente. “La suspensión concedida a Li Yan podría sentar jurisprudencia para futuros casos, en los que la violencia en el ámbito familiar sea una circunstancia atenuante. Con la decisión tomada sobre su caso, la máxima instancia judicial de China envió el mensaje inequívoco de que los jueces no deben hacer caso omiso de la violencia en el ámbito familiar”, ha explicado William Nee, investigador de Amnistía Internacional sobre China. “Sin embargo, la persecución que siguen sufriendo cinco jóvenes activistas que hacen campaña para prevenir la violencia contra las mujeres ensombrece ese fallo judicial.” El pasado lunes, la policía dejó en libertad bajo fianza a cinco activistas de los derechos de las mujeres que están en la vanguardia de una campaña organizada para pedir a las autoridades que presten la debida atención a la violencia en el ámbito familiar. Las cinco –Wei Tingting, Wang Man, Li Tingting, Zheng Churan y Wu Rongrong– habían sido detenidas poco antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por planear actividades para poner de relieve el acoso sexual. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que retiren todos los cargos contra las cinco activistas y les levanten las restricciones a que están sometidas. “Si las autoridades chinas desean hacer verdaderamente avances con respecto a la violencia contra las mujeres deben colaborar con las activistas de sus derechos no perseguirlas”, ha añadido William Nee. Li Yan fue condenada a muerte en agosto de 2011 por haber matado a su esposo, Tan Yong, a finales de 2010. En el juicio, los jueces no tuvieron en cuenta las pruebas de violencia en el ámbito familiar, que demostraban los terribles y constantes malos tratos que había sufrido, del mismo modo que antes de la trágica muerte no se habían atendido sus peticiones de protección policial. La condena de muerte causó gran indignación dentro y fuera de China y llamó la atención sobre la falta de medidas del gobierno para abordar realmente la violencia en el ámbito familiar. Según estadísticas oficiales, el 25 por ciento de las mujeres chinas son víctimas de esta forma de violencia. En marzo, el Tribunal Supremo Popular y el gobierno dictaron nuevas directrices sobre los casos de violencia en el ámbito familiar, con recomendaciones sobre la imposición de penas a las víctimas de violencia intrafamiliar que cometen delitos contra su maltratador. Está previsto promulgar legislación que prevé por primera vez resarcimiento para las víctimas de violencia en el ámbito familiar en China. Será en agosto, sólo unas semanas antes de que el país coorganice bajos los auspicios de la ONU una reunión de líderes mundiales sobre la violencia contra las mujeres en el marco de Beijing+20. “El presidente Xi Jinping querrá, probablemente, jactarse de los avances de China en la promoción de los derechos de las mujeres en la conferencia de septiembre. Sería una vergüenza que el gobierno continuara persiguiendo a las verdaderas líderes de la lucha por los derechos de las mujeres en China a la vez que proclama su logros ante el mundo”, ha afirmado William Nee.