El proyecto de ley ruso que prohíbe las “organizaciones extranjeras indeseables” es otra inquietante muestra de las enérgicas medidas que adoptan las autoridades para limitar el espacio público para la crítica, ha declarado hoy Amnistía Internacional después de que la Duma (el Parlamento) lo aprobase en una primera lectura.
El proyecto será objeto de dos lecturas más antes de ser remitido al presidente Vladimir Putin para que éste lo sancione como ley, lo que podría ser una mera formalidad.
“Esta ley es otra sombría muestra de cómo las autoridades rusas asfixian apresuradamente las libertades fundamentales y el trabajo de los grupos independientes de la sociedad civil del país”, declaró Sergei Nikitin, director de la Oficina de Moscú de Amnistía Internacional.
“Vemos una y otra vez cómo las ideas que amenazan las libertades fundamentales se abren paso en la Duma y se convierten en leyes draconianas que arrebatan el espacio para las opiniones disidentes y el activismo de la sociedad civil independiente. Lamentablemente, ya no se pueden dar por hechas en Rusia estas libertades.”
La ley, de aprobarse, introduciría el concepto impreciso de “organización internacional que representa una amenaza para la capacidad de defensa y la seguridad del Estado o para el orden público o para la salud pública.
El proyecto legislativo tiene como fin defender “los cimientos del orden constitucional, la moral, los derechos y el interés legítimo de otras personas”.
“A la vista de la trayectoria reciente de las autoridades rusas, tenemos todos los motivos para esperar que la ley se adopte y se aplique para reprimir a la sociedad civil internacional y debilitar la independencia y la libertad de acción de los grupos nacionales de derechos humanos que realizan una labor crítica en Rusia”, añadió Sergei Nikitin.
La ley permitiría que la fiscalía general decidiera qué organizaciones son “indeseables” y criminalizaría de hecho sus actividades. El modo en que está formulada la ley deja un gran margen para su aplicación arbitraria.
Las penas previstas en la ley incluyen la prohibición de que estas organizaciones abran una oficina. Los residentes rusos que trabajen para ellas serían sancionados con cuantiosas multas y penas de hasta ocho años de prisión por infracciones consecutivas. A los miembros extranjeros del personal de estas entidades se les podría negar la entrada en el país.
“La ley no señala ninguna ONG, organización intergubernamental u organización comercial concreta para ser sometida a examen, pero existe el temor de que se aplique arbitrariamente a cualquiera de ellas y que se vean obligadas a cerrar en Rusia”, dijo Sergei Nikitin.
La nueva ley sigue los pasos de una draconiana “Ley de Agentes Extranjeros” promulgada en julio de 2012 y modificada el pasado año. La aplicación cada vez más restrictiva por las autoridades de esta ley ha obligado a algunas ONG rusas a reducir sus actividades o incluso a abandonarlas definitivamente.