La decisión del Presidente de la República Dominicana, el pasado 28 de noviembre, de no promulgar el Código Penal y de efectuar observaciones sobre los artículos que criminalizan la interrupción del embarazo demuestra un compromiso con los derechos humanos y debe ser respetada por el Congreso, dijo Amnistía Internacional.
En una carta dirigida al Presidente de la Cámara de Diputados, el Presidente observó que el Código Penal debería claramente especificar las situaciones excepcionales que constituyen una excepción a la criminalización del aborto. Explicó que estas situaciones son la que ponen “en juego derechos fundamentales de toda mujer embarazada, como lo constituyen el derecho a la vida y a la salud, el respeto a su dignidad humana y a su integridad psíquica y moral”.
Igualmente, el Presidente recordó que la criminalización total del aborto tiene consecuencias graves no solamente para las mujeres y las niñas, sino también para los profesionales de la salud y para los familiares, en casos de menores de edad.
“El hecho que el Presidente haya sustentado su decisión en derechos humanos garantizados en la constitución dominicana y en los tratados internacionales ratificados por el país, significa que el Congreso ahora no tiene mucha margen de maniobra. Las obligaciones de derechos humanos que crean estas normas son obligatorias para los tres poderes del Estado. El mensaje del Presidente ha sido claro”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
El Presidente recomendó emendar el Código Penal de manera a permitir la interrupción del embarazo “cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida”.
“Si bien las mujeres no deberían ser penalizadas por practicarse un aborto en ninguna circunstancia, estas recomendaciones constituyen un óptimo primer paso en la buena dirección. Estas causas de excepción representan lo mínimo que todos los países deberían establecer con el fin de proteger los derechos de las mujeres y niñas”, dijo Erika Guevara Rosas.
En la carta, el Presidente recordó que estas excepciones se hacen necesarias considerando que la República Dominicana tiene una de las tasas más elevadas de mortalidad materna y de embarazos en niñas y adolescentes de la región.
Desde varios años, Amnistía Internacional, en apoyo a las organizaciones de defensa de los derechos de mujeres y niñas de América Latina y el Caribe, ha estado recordando que la prohibición total del aborto en la región representa una violación de derechos humanos e incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros.
Amnistía Internacional insta el Congreso de la República Dominicana a cumplir con las recomendaciones del Presidente de la República y a demonstrar que el respeto de los derechos humanos de las mujeres y niñas es una prioridad para el órgano legislativo y para el estado.
Información adicional
El 18 de noviembre, el Congreso dominicano aprobó una reforma integral del Código Penal que mantiene la penalización total del aborto, a pesar de que en junio de 2013, la Cámara de Diputados del Congreso dominicano había aprobado un borrador de reforma que introducía una excepción a la prohibición total del aborto en casos en los que pudiera invocarse un "estado de necesidad".
Presiones de parte de la iglesia católica indujeron a los congresistas a borrar esa excepción. La reforma integral del Código Penal lleva ya varios años en marcha.
En virtud del Código Penal actualmente vigente, las mujeres que tratan de obtener servicios de aborto y quienes prestan estos servicios se exponen a sanciones penales, sin que se tengan en cuenta las circunstancias en las que se trató de obtener o se practicó el aborto.
En 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida "desde la concepción hasta la muerte".La Cámara de Diputados, a quien el Presidente de la Republica devolvió el texto del Código Penal, ha anunciado que discutirá las observaciones del Presidente en su sesión del martes 2 de diciembre.
Según el artículo 102 de la constitución de la Republica Dominicana, el Congreso puede ignorar las observaciones del Presidente solo si, después de discusión, ambas Cámaras aprueban la ley con una mayoría de dos tercios.