Países de todo el mundo siguen condenando a muerte o ejecutando a personas con discapacidad mental e intelectual, en una clara violación de las normas internacionales. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en vísperas del Día Mundial contra la Pena de Muerte (10 de octubre de 2014).
Amnistía Internacional ha documentado casos de personas que sufren ese tipo de discapacidad y que se enfrentan a la ejecución o han sido ejecutadas en países como Japón, Pakistán y Estados Unidos. A menos que estos países reformen urgentemente sus sistemas de justicia penal, muchas más personas seguirán en peligro.
“Las normas internacionales sobre la discapacidad mental e intelectual son una importante salvaguardia para las personas vulnerables. No pretenden disculpar crímenes atroces, sino que establecen parámetros para el tipo de pena que se puede imponer”, ha manifestado Audrey Gaughran, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.
“Nos oponemos a la pena de muerte en todas las circunstancias, por considerarla el exponente máximo de pena cruel, inhumana y degradante. No obstante, en los países que aún llevan a cabo ejecuciones, y mientras se produce la abolición final, deben respetarse y aplicarse las normas internacionales, incluidas las que prohíben el uso de la pena capital contra ciertos grupos vulnerables.”
Para el Día Mundial contra la Pena de Muerte de este año, Amnistía Internacional y la Coalición Mundial contra la Pena de Muerte han puesto el foco en la pena capital y las personas con discapacidad mental o intelectual.
“Las normas internacionales establecen claramente que quienes sufren discapacidad mental e intelectual no deben enfrentarse a la pena máxima. Sin embargo, en muchos casos esa discapacidad no se identifica durante los procedimientos penales”, ha manifestado Audrey Gaughran.
“Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones deben garantizar que existen recursos para realizar evaluaciones independientes y rigurosas a todas las personas que se enfrentan a la pena de muerte, desde el momento en que son acusadas y después de que se dicte la sentencia.”
“Instamos a los gobiernos de todos los países que aún recurren a la pena de muerte a dictar de inmediato una suspensión de las ejecuciones, como primer paso hacia la abolición. Lo que ponemos hoy de manifiesto es un ejemplo más de la injusticia de esta pena.”
A continuación exponemos ejemplos ilustrativos recientes del uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental o intelectual:
En Estados Unidos, Askari Abdullah Muhammad fue ejecutado en Florida el 7 de enero de 2014 por un asesinato cometido en prisión en 1980. Tenía un largo historial de enfermedad mental grave, que incluía diagnósticos de esquizofrenia paranoide. El 9 de abril, el ciudadano mexicano Ramiro Hernández Llanas fue ejecutado en Texas pese a las pruebas que indicaban que su discapacidad intelectual, evaluada en seis pruebas diferentes de cociente intelectual en la última década, convertía su pena de muerte en inconstitucional. En Florida, Amnistía Internacional ha destacado el caso de otros dos condenados a muerte: Frank Walls y Michael Zack, ambos con un historial de traumatismo encefálico severo, que han agotado sus vías de apelación.
En Japón ya se ha ejecutado a varios presos que sufrían enfermedad mental, y otros permanecen en espera de ejecución. Hakamada Iwao, ahora de 78 años, fue condenado a muerte por asesinato tras un juicio injusto en 1968, y es el preso que más tiempo lleva condenado a muerte del mundo. Desarrolló graves problemas de salud mental durante sus décadas en régimen de aislamiento. Fue puesto temporalmente en libertad en marzo de 2014 en espera de un posible nuevo juicio. Matusmoto Kenji lleva condenado a muerte por asesinato desde 1993 y podría ser ejecutado en cualquier momento. Sufre discapacidad mental a causa de envenenamiento por mercurio (enfermedad de Minamata), y al parecer sufre paranoia y falta de coherencia a consecuencia de una enfermedad mental que desarrolló durante su reclusión en el pabellón de los condenados a muerte. Sus abogados están intentando conseguirle un nuevo juicio.
En Pakistán, Mohammad Asghar, a quien se había diagnosticado esquizofrenia paranoide en Reino Unido en 2010 y que después se trasladó a Pakistán, fue declarado culpable de blasfemia en 2014 y condenado a muerte.