OPORTUNIDAD CRÍTICA PARA DESPENALIZAR EL ABORTO
A partir del 24 de marzo, los y las congresistas de la Cámara de Diputados del Congreso de la República Dominicana comenzarán a debatir una reforma del código penal del país, que incluye la posibilidad de despenalizar el aborto en tres causales. Cientos de activistas de derechos humanos están acampadas frente al Palacio Nacional exigiendo que sus congresistas aprovechen esta oportunidad histórica y voten a favor de la despenalización del aborto en las tres causales.
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Exigir que el Congreso apruebe estas reformas y cumpla así con sus obligaciones de derechos humanos de respetar, proteger y cumplir los derechos, a la salud, la autonomía, la dignidad y las vidas de las mujeres y las niñas.
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La reforma integral del Código Penal en la República Dominicana lleva ya varios años en marcha. En virtud del Código Penal actualmente vigente, las mujeres que tratan de obtener servicios de aborto y quienes prestan estos servicios se exponen a sanciones penales, sin que se tengan en cuenta las circunstancias en las que se trató de obtener o se practicó el aborto. En 2010 entró en vigor una nueva Constitución cuyo artículo 37 proclama la inviolabilidad del derecho a la vida “desde la concepción hasta la muerte”.
En 2014, se aprobó en la Cámara de Diputados una reforma del Código Penal que integraba la despenalización del aborto en las tres causales: cuando el embarazo suponga un riesgo para la vida de la mujer o niña embarazada, cuando el feto no pueda sobrevivir fuera del útero, y cuando el embarazo sea resultado de violación o incesto. Sin embargo, en diciembre de 2015 el Tribunal Constitucional tumbó las reformas propuestas mediante la sentencia 599-15, dejando en vigor el antiguo Código Penal, que data de 1884. En julio de 2017, el Congreso rechazó una nueva propuesta de reforma del Código Penal que no despenalizaba el aborto en las tres causales limitadas. El actual presidente, Luis Abinader, expresó su apoyo a la despenalización del aborto en las 3 causales descritas y un número creciente de congresistas están expresando su apoyo también.
Los datos demuestran que la prohibición total del aborto no reduce el número de abortos, sino que incrementa el riesgo de que la mujer muera a causa de abortos ilegales e inseguros. La Organización Mundial de la Salud ha advertido de que las leyes de aborto restrictivas ponen a las mujeres y niñas que viven en la pobreza, y a las que viven en zonas rurales y más aisladas, en un riesgo especial de sufrir abortos inseguros. La penalización del aborto en todas las circunstancias disuade a las mujeres de buscar atención médica y crea un “efecto amedrentador” en el personal médico, que tiene miedo de proporcionar tratamiento que podría salvar la vida a mujeres cuya vida o salud corre peligro a causa del embarazo, o que sufren complicaciones derivadas de un aborto inseguro.
En la República Dominicana, la actual prohibición total del aborto sigue provocando la muerte, por motivos evitables, de mujeres y niñas. Una de esas muertes fue la de Rosaura Almonte, conocida por los medios de comunicación como “Esperancita”, que murió en 2012 por no recibir la quimioterapia que podría haberle salvado la vida frente a la leucemia que sufría porque en aquellos momentos estaba embarazada de siete semanas y el tratamiento que necesitaba habría afectado al feto. Los médicos retrasaron el tratamiento porque tanto el aborto como aquellos que lo faciliten pueden ser objeto de sanción penal.