Tailandia: Día triste para la justicia.

Amnistía Internacional condena la impunidad que sigue rodeando la desaparición forzada del abogado de derechos humanos Somchai Neelapaijit, tras los fallos del Tribunal Supremo que perpetúan los obstáculos para que su familia obtenga justicia. El Tribunal ha absuelto a cinco policías de responsabilidad criminal por la desaparición forzada del abogado y defensor de los derechos humanos Somchai Neelapaijit, a quien no se ha vuelto a ver desde que fue secuestrado en el centro de Bangkok en marzo de 2004. En un fallo que supone un golpe para los derechos de la víctima, el Tribunal denegó a su familia el derecho a actuar en su favor.
La sentencia dictada en el primer juicio relacionado con una desaparición forzada en Tailandia subraya la necesidad de que las autoridades tomen medidas concretas para abordar los notables obstáculos de índole legal y práctica que impiden obtener justicia para todas las víctimas, lo que incluye tipificar como delito la desaparición forzada. La persistente impunidad por la desaparición forzada de Somchai Neelapaijit indica además la falta de recursos y reparaciones para las violaciones de derechos humanos en Tailandia.
Amnistía Internacional insta a las autoridades a garantizar investigaciones independientes, efectivas y exhaustivas, no sólo sobre la desaparición de Somchai Neelapaijit, sino sobre todas las demás desapariciones forzadas en Tailandia, y a garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. El gobierno también debe cumplir su compromiso de introducir medidas legales necesarias hace tiempo para prevenir toda desaparición forzada en el futuro. Esto incluye ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, firmada por Tailandia en 2012, e incorporar sus disposiciones a la legislación nacional. En virtud de la Convención, las autoridades deben tipificar como delito la desaparición forzada en la legislación penal, e introducir medidas preventivas. La convención también afirma de manera explícita que víctima es no sólo la persona desaparecida, sino toda persona –incluidas las familias– que sufra un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada.
Somchai Neelapaijit, que entonces tenía 53 años, desapareció en Bangkok la noche del 12 de marzo de 2004, tras ser sacado de su automóvil y secuestrado por un grupo de hombres. Según informaciones verosímiles, incluidas declaraciones de testigos presenciales presentadas al Tribunal, fue secuestrado por cinco agentes de policía con ropas de civil. En esas fechas Somchai había planteado su preocupación por la presunta tortura sufrida por detenidos a los que representaba a manos de agentes de policía, entre los que figuraba al menos uno de los individuos absueltos hoy en relación con su desaparición.
En el juicio más reciente, el Tribunal Supremo falló el 29 de diciembre de 2015 que, en ausencia de pruebas de su muerte, su familia no puede actuar en favor de Somchai ni recurrir las sentencias dictadas en relación con delitos cometidos contra él. En 2011, el Tribunal de Apelación había negado a su familia el derecho de apelación, por entender que no podían actuar como acusación particular en nombre de Somchai ya que no la consideraba “parte perjudicada”, y que no podía actuar en nombre de Somchai por no existir pruebas de que esté muerto. Sin embargo, altos cargos gubernamentales –entre ellos el ex primer ministro Thaksin Shinawatra en 2006– han afirmado públicamente que existen indicios de que Somchai Neelapaijit está muerto.
Un funcionario del Departamento de Investigaciones Especiales también ha informado a la familia de que Somchai fue torturado hasta la muerte tras su secuestro, y que su cuerpo fue quemado y esparcidas sus cenizas. El Tribunal confirmó asimismo la absolución de los cinco agentes de policía por delitos menores de coacción violenta y robo, pues consideró que las pruebas de los delitos que se presentaron eran “poco fiables”.
Esta sentencia se ha dictado después de la negativa del Tribunal Supremo el 25 de diciembre de 2015 a permitir que los testigos confirmen la autenticidad de lo que se presentó como los registros de los teléfonos móviles de los cinco agentes de policía. Estos registros indican que los cinco policías habían seguido a Somchai desde la mañana del día de su desaparición, un volumen elevado de llamadas entre los policías ese día, y que los cinco habían hecho una llamada a la Oficina del Primer Ministro y a otros números, tachados con tinta negra en los registros en cuestión. Las pruebas habían sido desestimadas en el juicio anterior por no haber sido obtenidas oficialmente por la policía.
La desaparición forzada de Somchai también pone de relieve los riesgos que afrontan las personas que expresan públicamente motivos de preocupación y tratan de obtener reparación por violaciones de derechos humanos. En el momento de su desaparición en 2004, Somchai Neelapaijit era presidente del Club de Abogados Musulmanes de Tailandia y vicepresidente del Comité de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Tailandia. Se había quejado a las autoridades de las denuncias formuladas por cinco clientes suyos, que habían sido detenidos en relación con el robo de armas en un campamento del ejército. En las denuncias se afirmaba que la policía de la provincia de Narathiwat, en el sur de Tailandia, los había torturado para obtener una confesión, lo que incluyó propinarles golpes y patadas, aplicar descargas eléctricas a sus cuerpos, intentar asfixiarlos y orinar sobre ellos.
La familia de Somchai Neelapaijit y su viuda, Angkhana Neelapaijit, nombrada recientemente miembro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, han luchado a pesar de los actos de intimidación y hostigamiento, no sólo para obtener justicia para Somchai, sino también en defensa de otras víctimas de desaparición forzada. Una de estas víctimas es Pholachi Rakchongcharoen, también llamado Billy, de 30 años, padre de cinco hijos y activista de los derechos de la etnia karen en el Parque Nacional de Kaengkrachan, que al parecer fue sometido a desaparición forzada el 17 de abril de 2014, en relación con sus intentos de hacer rendir cuentas a las autoridades por violaciones de derechos humanos cometidas contra personas de etnia karen residentes en el parque nacional. Amnistía Internacional insta a las autoridades a admitir la petición de la viuda de Pholachi Rakchongcharoen para que el Departamento de Investigaciones Especiales se haga cargo de la investigación sobre su caso. Según los informes, la investigación criminal sobre su desaparición forzada ha sufrido demoras, posiblemente a causa de injerencias de partes interesadas en el ámbito local.
Amnistía Internacional pide al gobierno de Tailandia que cumpla con urgencia sus obligaciones internacionales en lo relativo a responder a la necesidad de verdad y justicia para las víctimas de desaparición forzada –incluidas las familias afectadas– y garantice un clima en el que las personas puedan denunciar todas las presuntas violaciones de derechos humanos y buscar reparación sin temor a represalias.