La ejecución de ocho personas hoy en Indonesia muestra un total desprecio a las salvaguardias del proceso debido y de los derechos humanos, ha declarado Amnistía Internacional. La organización también ha pedido que se descarte cualquier plan de realizar más ejecuciones.
Las ocho personas, entre las que había ciudadanos indonesios y extranjeros, fueron fusiladas hoy en la isla de Nusakambangan, en la costa de Java. Todas habían sido declaradas culpables de narcotráfico. El presidente Widodo paralizó en el último minuto la ejecución de la ciudadana filipina Mary Jane Fiesta Veloso. “Estas ejecuciones son totalmente condenables, pues se han llevado a cabo con total desprecio de las normas reconocidas internacionalmente sobre el uso de la pena de muerte”, dijo Rupert Abbott, director de investigación para el Sureste Asiático y Oceanía de Amnistía Internacional. “El presidente Joki Widodo debe abandonar inmediatamente los planes de realizar más ejecuciones e imponer una moratoria sobre la pena de muerte como primer paso hacia la abolición.” Había al menos dos apelaciones judiciales admitidas a trámite de los presos ejecutados hoy. Las peticiones de indulto de los ocho reclusos habían sido estudiadas sumariamente y rechazadas, lo que menoscabó su derecho a solicitar el indulto o la conmutación de la pena, tal como establece el derecho internacional. En lo que va de 2015 han sido ejecutadas en Indonesia catorce personas y el gobierno ha anunciado su intención de seguir realizando ejecuciones este año. “La pena de muerte es siempre una violación de los derechos humanos, pero existen varios factores que hacen que las ejecuciones de hoy sean aún más dolorosas. Según los informes, algunos de los presos no tuvieron acceso a un abogado competente o a un intérprete durante su detención y juicio inicial, lo que violó su derecho a un juicio justo, reconocido en el derecho internacional y en la legislación nacional”, afirmó Rupert Abbott. “A uno de los ejecutados hoy, Rodrigo Gularte, le habían diagnosticado esquizofrenia paranoide, y el derecho internacional prohíbe claramente el uso de la pena de muerte contra personas con discapacidad mental. También resulta preocupante que se haya ejecutado a personas condenadas por narcotráfico, a pesar de que esto no es uno de los “más graves delitos” para los que cabe imponer la pena capital según el derecho internacional.”