La imposición el 19 de abril de duras penas de entre 13 y 66 años de prisión a 40 personas —entre ellas destacadas figuras de la oposición política, profesionales de la abogacía, y defensores y defensoras de los derechos humanos—  declaradas culpables de cargos falsos por el Juzgado de Primera Instancia de Túnez es una señal alarmante de todo lo que las autoridades están dispuestas a hacer para sofocar la disidencia pacífica en el país.  

El 14 de enero las autoridades cubanas anunciaron que “en el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025” y tras conversaciones con el Papa Francisco excarcelarían 553 personas. Paralelamente, el gobierno de EE. UU. anunciaba, junto a otras medidas, la salida de Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Aunque ambos países negaron un acuerdo, fuentes de la Casa Blanca confirmaron que tras su anuncio serían liberadas un número significativo de personas, especialmente relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021.Hasta la fecha, organizaciones de derechos humanos cubanas registran la excarcelación de más de 171 personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló:

Ante la noticia del fallo absolutorio en el nuevo juicio de Mücella Yapıcı, Hakan Altınay y Yiğit Ekmekçi, cuyas sentencias condenatorias y condenas a 18 años de prisión en relación con las protestas multitudinarias de 2013 fueron anuladas en septiembre de 2023, Milena Buyum, directora de campañas de Amnistía Internacional para Turquía, ha manifestado:

La consolidación de un modelo de poder ejecutivo sin contrapesos en El Salvador avanza con rapidez. La ratificación de la reforma al artículo 248 de la Constitución de la República, ocurrida el 29 de enero de 2025, pone en grave riesgo la protección de los derechos humanos al reducir drásticamente el espacio de debate y participación ciudadana en la toma de decisiones de gran calado para el país. Al respecto, Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional, afirmó:

En vísperas de la apelación, ante el Tribunal de Casación, contra la injusta condena de cinco años de prisión impuesta a Badr Mohamed —cuando tenía 17 años— en relación con las protestas de la plaza Ramsés, que tuvieron lugar el 16 de agosto de 2013, Souleimene Benghazi, responsable de campañas sobre Egipto de Amnistía Internacional, ha declarado:

En respuesta a la noticia de que más de 170 personas condenadas a muerte han sido trasladadas a la prisión de Angenga (República Democrática del Congo) para ser ejecutadas, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Sarah Jackson, ha declarado:

En respuesta a la excarcelación de cinco personas críticas con el gobierno de Angola tras más de un año de reclusión arbitraria entre rejas, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Sarah Jackson, ha declarado:

Según afirma Amnistía Internacional en una nueva investigación, se está sometiendo a personas iraquíes a tortura y otros malos tratos y a desaparición forzada tras detenerlas en el Centro de Rehabilitación Comunitaria Al Jedah, en el norte de Irak.

Los cambios propuestos amenazan el derecho a un juicio justo y otorgan poder a los funcionarios que cometen abusos

Ante la absolución del japonés Iwao Hakamada, que pasó casi cinco décadas en espera de ejecución, Boram Jang, investigadora de Amnistía Internacional para Asia Oriental, ha manifestado:

En respuesta a la noticia de que la tiktokera angoleña Ana da Silva Miguel, también conocida como Neth Nahara, lleva ahora un año entre rejas por criticar al presidente João Lourenço en un vídeo de TikTok, la directora regional adjunta de Amnistía Internacional para África Oriental y Austral, Vongai Chikwanda, ha declarado lo siguiente: 

En respuesta a la reciente decisión del gobierno autónomo de la Región del Norte y Este de Siria (autoridades autónomas) de promulgar la Ley de Amnistía N.º 10 de 2024, que alivia la situación de algunas personas condenadas por delitos en virtud de las leyes antiterroristas de la región, excesivamente amplias, o de quienes se entreguen en un plazo de 90 días a partir de la fecha de entrada en vigor de dicha ley, Aya Majzoub, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África, ha declarado: