Brasil se enfrenta en las próximas semanas a una prueba decisiva de su determinación para hacer frente a la impunidad por los ataques contra defensoras y defensores de los derechos humanos; así lo ha manifestado Amnistía Internacional cuando comienzan los juicios por los asesinatos de Marielle Franco y Anderson Gomes ante el Tribunal Supremo Federal y de Maria Bernadete Pacífico (Mãe Bernadete) ante el Tribunal del Jurado de Bahía.

Ante el anuncio de la administración Trump de que Estados Unidos se retira de 66 organizaciones, convenios y tratados internacionales, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

Este mes se cumplen 60 años desde que la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), uno de los primeros tratados internacionales fundamentales de derechos humanos.

Las fronteras no son simplemente líneas en un mapa o barreras físicas que separan un lugar de otro. Son una compleja infraestructura de control, orden social y exclusión moldeada por jerarquías raciales que hunden sus raíces en historias de colonialismo, esclavitud y otras formas de opresión, como el patriarcado. Hay voces expertas que hablan de “fronteras raciales” para referirse al hecho de que las políticas migratorias, los sistemas de asilo y la vigilancia fronteriza reproducen el racismo sistémico y la discriminación racial.

El lenguaje utilizado puede resultar ofensivo.

En respuesta a la aprobación en primera lectura de una controvertida nueva reforma de la legislación penal de Israel que hace preceptivo para los tribunales de ese país la imposición de la pena de muerte a las personas declaradas culpables de matar a un israelí “ya sea de forma intencionada o imprudente” si el acto está motivado por “racismo u hostilidad contra la población” y se ha “cometido con el objetivo de dañar al Estado de Israel o al renacimiento del pueblo judío”, Erika Guevara Rosas, directora general de Investigación, Incidencia, Política y Campañas de Amnistía Internacional, ha declarado:

En todo el mundo, hay personas que siguen sufriendo los efectos duraderos de la esclavitud y el colonialismo, y que luchan para obtener la reparación que merecen de los gobiernos y actores no estatales que perpetraron estas injusticias históricas y se beneficiaron de ellas.

Las autoridades de Bangladesh deben abordar con urgencia su falta de medidas para hacer respetar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de los servicios de saneamiento, que sufren marginación económica y una arraigada discriminación por razón de casta y de género, vulnerabilidades agravadas por una crisis climática mundial en gran medida inducida por la quema de combustibles fósiles; así lo afirma Amnistía Internacional en un nuevo informe.

La plataforma de redes sociales X (antes Twitter) tuvo un papel esencial en la propagación de narrativas falsas y contenido nocivo que contribuyó a la violencia racista contra comunidades musulmanas y migrantes en Reino Unido tras el trágico asesinato de tres niñas en la localidad de Southport; así lo demuestra Amnistía Internacional en un documento explicativo técnico que ha publicado hoy. 

En respuesta a la imposición por parte del presidente Trump de una nueva prohibición discriminatoria de viajar a las personas procedentes de Afganistán, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Haití, Irán, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán y Yemen, así como una prohibición parcial a las personas procedentes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, ha declarado:

Al cumplirse los primeros 100 días de la presidencia de Trump, Amnistía Internacional pone de relieve la crisis de derechos humanos impulsada por las prácticas autoritarias, las políticas discriminatorias y racistas y la peligrosa retórica de su administración.

Ante las medidas anunciadas el 6 de abril por el gobierno de Luis Abinader en materia migratoria, en particular un protocolo para el acceso de personas migrantes a los servicios de salud públicos en la República Dominicana, Amnistía Internacional declaró: