Rincón: los defensores y defensoras del ambiente y la libertad de expresión

Artículo de opinión publicado originalmente en El Nuevo Día

En los últimos días observadoras de nuestra organización han estado en Rincón presenciado las manifestaciones en defensa del derecho público al disfrute de las playas, protección del medio ambiente y vida silvestre. Durante ese tiempo hemos sido testigos de cómo el gobierno utiliza de manera desproporcionada un despliegue policial para proteger propiedad privada. Esta acción es una forma de intimidar a manifestantes en un intento de desalentar las protestas en la zona. 

Según hemos podido observar más de 100 agentes de diversas unidades, incluyendo la Unidad de Operaciones Tácticas, han sido asignados y han estado dando vigilancia en la noche y madrugada. El condominio ha contratado guardias privados para la seguridad de los residentes. Incluso, la policía aumentó el perímetro alrededor de la construcción de una piscina creando un pasillo. Esto hace posible que todas las personas que entran o salen de la playa puedan ser observadas por la fuerza policial. Este desbordamiento de recursos policiacos tiene la intención de desalentar el derecho a la protesta e intimidar a los manifestantes. 

La protesta es parte del derecho a la libre expresión de las personas y no constituye delito alguno. El manifestarse es un mecanismo importante para que grupos o comunidades puedan expresar su posición o reclamo ante un asunto y hacerlo público. Especialmente, para las personas defensoras del ambiente que suelen enfrentarse a grandes intereses económicos protegidos por el gobierno. Los defensores y defensoras de los derechos humanos ambientales son personas que alzan la voz para proteger  los derechos relacionados con el medio ambiente, la tierra y el territorio.

La protección de los derechos ambientales es una de las formas de activismo más peligrosas. Según la ONG Global Witness, en 2017 casi cuatro ambientalistas fueron víctimas de homicidio a la semana por proteger  sus tierras, la vida silvestre y los recursos naturales. Latinoamérica es la región más peligrosa del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos y específicamente, para quienes protegen los derechos a la tierra, el territorio y el ambiente según el informe anual 2019-2020 de Amnistía Internacional. 

La falta de voluntad del gobierno para proteger a las personas defensoras del ambiente es evidente cuando utiliza los recursos del Estado para hostigar e intimidar a manifestantes. También cuando reproduce discursos de criminalización y negativos en contra de las personas defensoras del ambiente. Y cuando permite el hostigamiento judicial o el debilitamiento de las leyes de protección ambiental. 

Las personas que se manifiestan luchan por la defensa de los recursos naturales y el libre acceso a las playas. Estos defensores ambientales hacen su contribución al cuidado del medio ambiente ante los devastadores efectos de la crisis climática. El Gobierno tiene la obligación de garantizar el derecho a la protesta y  proteger a las personas defensoras del ambiente. 

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