Estados Unidos: Mientras las inciertas elecciones se aproximan, la policía no protege de la violencia a quienes se manifiestan

Los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley en todo Estados Unidos están eludiendo su deber de facilitar el derecho fundamental de las personas a la libertad de reunión pacífica, y de proteger a manifestantes y contramanifestantes frente a las violentas actuaciones de grupos armados, entre otros. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional hoy en un nuevo informe titulado Losing the Peace: US Police Failures to Protect Protesters from Violence.

Desde el homicidio de George Floyd a manos de la policía en mayo de 2020 ha habido miles de manifestaciones pacíficas políticas y contra el racismo en todo Estados Unidos. Sin embargo, en los casi 200 casos en los que ha estallado la violencia entre quienes participaban en protestas enfrentadas, Amnistía Internacional concluyó que la policía estadounidense a menudo eludió tomar medidas preventivas para evitar la alteración de reuniones pacíficas, y no protegió a quienes se manifestaban frente a los ataques violentos cuando se produjeron.

“En medio de un aumento sin precedentes de la incertidumbre política y la violencia, el gobierno estadounidense y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de todos los niveles deben proteger escrupulosamente los derechos humanos de las personas a la libertad de reunión pacífica y expresión”, ha manifestado Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. “En el contexto de las acaloradamente disputadas elecciones y de un movimiento de alcance nacional en favor de los derechos civiles, nadie debería temer por su vida cuando trate de depositar su voto o hacer oír su voz en reuniones pacíficas.”

De mayo a septiembre de 2020, Amnistía Internacional ha documentado y verificado enfrentamientos entre manifestantes y contramanifestantes en aproximadamente el 75% de todos los estados de Estados Unidos, y en aproximadamente la mitad de los estados ha confirmado casos en los que las fuerzas policiales no han mantenido la paz en las reuniones y no han protegido a los y las participantes frente a los enfrentamientos violentos con contramanifestantes. En particular, los cuerpos encargados de hacer cumplir la ley a menudo han actuado con negligencia a la hora de:

  • desplegar una cantidad adecuada de policías debidamente formados para hacer frente a la violencia potencial entre manifestantes y contramanifestantes;
  • separar a manifestantes y contramanifestantes, y rebajar las tensiones, cuando era necesario para evitar enfrentamientos violentos;
  • prohibir e impedir las amenazas de violencia de personas y grupos armados en reuniones pacíficas;
  • detener los actos de violencia interviniendo en disputas entre manifestantes y contramanifestantes; y
  • diferenciar entre actores violentos y no violentos en las respuestas de las fuerzas del orden a los incidentes violentos: por ejemplo, evitar disolver reuniones que eran básicamente pacíficas.

“Mientras el presidente Trump pide a sus simpatizantes que ‘vayan’ a los colegios electorales y los ‘vigilen’, y que los grupos supremacistas blancos armados ‘se mantengan en guardia’ durante las elecciones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deberían estar en alerta máxima para prevenir la violencia política en un momento tan explosivo”, ha manifestado Brian Griffey, investigador y asesor regional sobre Norteamérica de Amnistía Internacional. “Las autoridades gubernamentales y las fuerzas policiales a las que dirigen deben adoptar nuevas políticas, estrategias y tácticas para facilitar y proteger las protestas pacíficas, e impedir que se vean alteradas por grupos armados u otros actores violentos.”

Entre los incidentes documentados por Amnistía Internacional, en más de una docena de manifestaciones y contramanifestaciones que terminaron en violencia la policía estaba totalmente —o casi totalmente— ausente del lugar de los hechos. Un catalizador frecuente de los enfrentamientos violentos entre manifestantes y contramanifestantes fue la presencia de grupos paramilitares armados. La retórica, las políticas y las prácticas de la administración Trump han parecido fomentar el predominio de grupos armados que han agredido ilegalmente a manifestantes y contramanifestantes en todo el país.

En un caso ilustrativo, el organizador de una protesta contra el racismo, Tony Crawford, contó a Amnistía Internacional que “habría podido morir gente” durante un violento enfrentamiento entre su comunidad y contramanifestantes armados en una manifestación que pedía la retirada de una estatua confederada de la guerra civil en Weatherford, Texas, en julio.

En una serie de mensajes de texto al jefe de policía de Weatherford, a los que Amnistía Internacional ha tenido acceso, Crawford escribió: “Los patriotas [miembros del grupo armado] nos rodean para forzar el enfrentamiento. Estamos rodeados de armas y de gente que habla a gritos sobre dispararnos […] ¿Dónde está la policía, Jefe? Eso es ridículo. Nos están insultando. Dónde están ustedes […] Ustedes nos han abandonado, Jefe. Usted nos ha abandonado. Ha dejado que nos arrastren y nos ataquen sin hacer nada”.

El gobierno estadounidense y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de todos los niveles deben reformar las políticas y prácticas de sus cuerpos de policía para facilitar mejor la libertad de reunión pacífica y proteger a quienes se manifiestan de las amenazas generalizadas de violencia evitable. Ante la notable ausencia de protección federal, los gobiernos locales deberían proteger de la violencia a quienes se manifiestan emitiendo órdenes ejecutivas temporales para restringir la presencia de armas en lugares públicos, parques, colegios electorales y reuniones pacíficas, y dando instrucciones a sus cuerpos encargados de hacer cumplir la ley para que impidan que personas y grupos armados alteren protestas pacíficas y actividades cívicas durante el periodo electoral.

Las fuerzas policiales municipales, de los condados, estatales y federales deben reformar de inmediato su conducta e impartir formación especializada sobre la facilitación del cumplimiento de los derechos humanos y la protección de la libertad de reunión pacífica, de acuerdo con su obligación contraída en virtud de la Constitución estadounidense y con las buenas prácticas de control policial de reuniones.

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