La Policía Civil del estado de Río de Janeiro ha cumplido hoy con una serie de órdenes de registro e incautación derivadas de las indagaciones sobre el brutal asesinato de la defensora de los derechos humanos Marielle Franco y su conductor, Anderson Gomes. La operación culminó con la detención del bombero Maxwell Simões Corrêa, acusado de haber ocultado las armas utilizadas en el asesinato y ser el brazo derecho de Ronnie Lessa, quien efectuó los disparos. La detención de Maxwell Simões es un paso importante para resolver el crimen, y esperamos que ayude a responder a las principales preguntas aún pendientes: ¿quién ordenó la muerte de Marielle, y por qué?
Marielle Franco fue asesinada en una emboscada preparada minuciosamente durante meses. Las investigaciones de la Policía Civil y del Ministerio Público del estado de Río de Janeiro lograron identificar a dos sospechosos de cometer el acto delictivo, Elcio de Queiroz y Ronnie Lessa, actualmente detenidos mientras se los somete a un proceso penal. También se ha descubierto que participaron indirectamente en la acción otras personas ocultando armas y obstruyendo las investigaciones.
Amnistía Internacional está actuando en el caso desde el primer día. Durante los meses posteriores al asesinato, realizamos acciones de campaña cada día 14 del mes, presionando a las autoridades y movilizando a las personas que defienden los derechos humanos. Nos reunimos en varias ocasiones con las autoridades —incluso con el gobernador Wilson Witzel y el fiscal general del Ministerio Público de Río de Janeiro, José Eduardo Gussem— para abordar el caso, y también estuvieron presentes familiares de la concejala asesinada.
En el primer aniversario del asesinato, entregamos a las autoridades un manifiesto con 780.000 firmas —resultado de la movilización nacional e internacional— que exigía la resolución del caso. Gracias a la gran visibilidad y a la presión pública, nacional e internacional, que Amnistía Internacional aportó al caso, creemos haber contribuido a lograr avances en las investigaciones.
La detención de los perpetradores y de las personas vinculadas a ellos es un paso importante para el derecho a la verdad y la justicia de las familias de Marielle y Anderson, pero no resuelve el caso ni garantiza mayor seguridad para los demás defensores y defensoras de los derechos humanos en Brasil. Brasil es uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defienden los derechos humanos, y tiene una de las tasas más elevadas de asesinatos de estas personas.
Al igual que Marielle Franco, los defensores y defensoras de los derechos humanos luchan por un mundo más justo en el que se proteja la vida y la libertad, que son derechos humanos que deben respetarse. Además, se debe brindar seguridad a todas las personas implicadas en las investigaciones, principalmente a los familiares de las víctimas, así como a testigos e investigadores/as. Por ello, es extremadamente importante revelar quiénes fueron los autores intelectuales y cuáles fueron los motivos del crimen.
Cada día que pasa y el caso sigue impune constituye una amenaza para el legado de Marielle y pone en peligro la labor y la vida de otras muchas personas que defienden los derechos humanos en Brasil.
Renovamos nuestra exigencia pública de rendición de cuentas para que se esclarezca el crimen y comparezcan ante la justicia todos los responsables de los asesinatos de Marielle y Anderson, y exigimos que este caso reciba la más alta prioridad por parte de las autoridades competentes. Es de particular relevancia e interés para la sociedad brasileña y la comunidad internacional resolver este crimen brutal.
En Amnistía Internacional, seguiremos insistiendo para que se lleve a cabo una investigación transparente, independiente e imparcial que responda a la pregunta “¿quién ordenó la muerte de Marielle, y por qué?”. Y para que todos los responsables de este crimen, tanto sus autores materiales como intelectuales, comparezcan ante la justicia en un juicio justo con arreglo a las normas internacionales. Además, aunque la celeridad esté comprometida, pues ya han pasado más de dos años desde que se cometiera el crimen, es extremadamente importante que el gobierno y las autoridades se comprometan públicamente a empeñar todos sus esfuerzos en resolver el caso.